Docentes y autoridades de la Universidad de Buenos Aires realizarán este martes una jornada de actividades en Plaza de Mayo y frente al Ministerio de Economía. Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de los fallos judiciales vinculados con salarios y becas.
La iniciativa se desarrollará desde las 7 hasta la medianoche e incluirá clases magistrales, actividades científicas y atención gratuita en distintas especialidades para la comunidad.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) volverá este martes a las calles para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y exigir al Gobierno el cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con la recomposición salarial del personal docente y no docente y la actualización de las becas estudiantiles.
Como parte de la jornada, se realizarán clases públicas en Plaza de Mayo y frente al Ministerio de Economía, con la participación de los 13 decanos de las distintas facultades, quienes ofrecerán clases magistrales abiertas a la comunidad entre las 7 y la medianoche.
La propuesta también incluirá actividades vinculadas con la ciencia, la investigación y la salud. La comunidad podrá acceder de manera gratuita a servicios de odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, además de recibir asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.
La UBA también exhibirá proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico. Entre las iniciativas que serán presentadas se encuentra un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la universidad.
Desde la institución sostienen que la jornada busca mostrar el impacto concreto del presupuesto destinado a las universidades públicas en áreas como la formación profesional, la investigación científica y la atención sanitaria.
El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), Emiliano Cagnacci, señaló que la movilización busca insistir en el cumplimiento de la normativa vigente y de las resoluciones judiciales.
“Salimos a la calle una vez más para reclamar que la Justicia haga cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y que el Gobierno acate los fallos”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que se trata de una ley que considera necesaria para fortalecer el desarrollo, la ciencia y la educación.
El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario
El reclamo tiene como antecedente el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo estableció que la Ley 27.795 solo podría ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.
La medida derivó en presentaciones judiciales realizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales. En ese marco, la Justicia dispuso una medida cautelar que ordenó el cumplimiento inmediato de parte de la normativa.
En junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme esa cautelar, que alcanzó a los artículos 5 y 6 de la ley. Esos artículos contemplan la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de las becas estudiantiles.
La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Desde la UBA interpretaron que la decisión de la Corte reforzó el reclamo para que el Poder Ejecutivo avance con el cumplimiento de la normativa.
En paralelo, el Gobierno y las autoridades universitarias habían firmado un acta acuerdo que contempló un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios hasta alcanzar los 50.000 millones de pesos. También se estableció una actualización del 50% para las Becas Manuela Belgrano.
Una nueva cautelar y la continuidad del conflicto
El conflicto volvió a tener un capítulo judicial el 1° de septiembre de 2026, cuando el juez federal Cormick hizo lugar a una nueva medida cautelar en una causa promovida por la UBA.
El magistrado ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar “de forma inmediata” las partidas previstas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculadas con gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación.
Según la resolución, el impacto fiscal de la norma representa el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
La jornada de este martes se desarrolla además en el marco de las medidas de fuerza impulsadas por los gremios universitarios y de las negociaciones paritarias entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario y las organizaciones gremiales docentes y no docentes.
El reclamo salarial contempla la actualización de los ingresos de acuerdo con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la recomposición por el desfasaje registrado durante 2024.
Los gremios universitarios advirtieron que, si el Gobierno no cumple con la ley antes de la primera semana de octubre, avanzarán con la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria.