Se ha abierto una investigación sobre el fondo fiduciario que estaba bajo la gestión de Juan Grabois, dirigente social y referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), tras revelarse que se gastaron $130 millones en viáticos y comisiones durante el año 2023.
Sin embargo, este monto solo representa una parte de los recursos que manejó Grabois en los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández, ya sea directamente a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana o mediante transferencias discrecionales a cooperativas vinculadas a la CTEP.
Según información obtenida por Clarín, se estima que en total, medido al dólar oficial promedio entre 2020 y 2023, Juan Grabois manejó directa o indirectamente la cifra de US$244 millones. Estos datos surgen del sitio Presupuesto Abierto y de fuentes del área social, que proporcionaron información sobre los giros realizados a través de partidas por fuera del presupuesto.
La Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Ramona Fernanda Miño durante los cuatro años de gestión de Alberto Fernández, era responsable del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), donde se encontraban los fondos en cuestión. Este organismo era parte del extinto Ministerio de Desarrollo Social y tenía una relevancia significativa dentro del ministerio, ocupando el tercer puesto en cuanto a presupuesto.
A pesar de que programas principales como Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar estaban bajo la gestión de otros sectores políticos, la Secretaría de Integración Socio Urbana manejaba una cantidad considerable de recursos, que en algunos casos se asignaban de manera discrecional a cooperativas con afiliaciones políticas específicas.
Durante la gestión de Alberto Fernández, un gran número de cooperativas recibió fondos de manera discrecional, y una de las que más fondos recibió, bajo la órbita de Juan Grabois, fue la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros. Esta cooperativa recibió $218.752.697 solo en el primer semestre de 2023, sumando un total de US$7.266.800 en cuatro años.
La revelación de estos datos ha generado polémica y ha suscitado interrogantes sobre la gestión de los fondos públicos y la transparencia en su asignación. La investigación en curso buscará arrojar luz sobre estos asuntos y determinar cualquier irregularidad que pueda haber ocurrido en la administración de estos recursos.
TN