Miles de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes participaron este martes de una nueva Marcha Federal Universitaria en distintos puntos de Argentina para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el deterioro presupuestario del sistema educativo superior.
La movilización, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, tuvo su acto central en Plaza de Mayo y representó la cuarta protesta nacional del sector desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.
Durante la jornada, los manifestantes cuestionaron el recorte de fondos destinados a las universidades públicas, la pérdida del poder adquisitivo de salarios y becas, y el incumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue ratificada en dos instancias judiciales.
Frente a la Casa Rosada, estudiantes universitarios leyeron un documento consensuado en el que reclamaron al Poder Ejecutivo que “cumpla con la ley” y advirtieron sobre las consecuencias sociales y educativas del ajuste presupuestario.
“La universidad argentina es un logro colectivo de generaciones y una responsabilidad que debe preservarse”, expresó el presidente del CIN, Franco Bartolacci, durante su intervención en el escenario principal. El dirigente sostuvo que garantizar recursos para las universidades públicas es indispensable para sostener la movilidad social y el desarrollo científico del país.
Bartolacci remarcó además que la normativa vigente “ofrece respuestas razonables sin comprometer fiscalmente al Estado” y defendió el acceso igualitario a la educación superior como un derecho central para las nuevas generaciones.
En la misma línea, el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, alertó sobre los riesgos institucionales derivados del incumplimiento de leyes y fallos judiciales. “No hipotequen el futuro”, afirmó ante la multitud reunida en Plaza de Mayo.
Torres señaló que limitar derechos, desconocer decisiones judiciales y restringir la protesta social representan amenazas para la convivencia democrática. También sostuvo que millones de jóvenes podrían quedar excluidos del acceso a la educación superior si continúa el ajuste sobre el sistema universitario.
La movilización estuvo acompañada por expresiones artísticas, intervenciones culturales y columnas integradas por familias, estudiantes y organizaciones sociales. En distintos tramos de la marcha se observaron pancartas críticas hacia funcionarios nacionales y representaciones simbólicas en defensa de la ciencia y la educación pública.
Además de la comunidad universitaria, participaron gobernadores, intendentes, legisladores y referentes de la oposición, quienes respaldaron el reclamo por mayor financiamiento educativo y cuestionaron las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.
Mientras se desarrollaba la protesta, desde el oficialismo insistieron en cuestionar el funcionamiento administrativo y la transparencia de algunas universidades nacionales, aunque reconocieron la legitimidad de parte de los reclamos expresados durante la jornada.
La convocatoria se replicó en ciudades de todo el país y volvió a colocar el financiamiento universitario en el centro del debate político y social argentino.