Un informe de la Universidad Católica Argentina reveló que el 53,6% de los niños y adolescentes del país se encontraba en situación de pobreza en 2025, mientras que la indigencia alcanzó al 10,7%. Aunque los indicadores muestran una disminución respecto a los picos registrados en años anteriores, el estudio advierte que las carencias estructurales persisten y continúan afectando a millones de familias.
Los datos surgen de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), elaborada por el Observatorio de la Deuda Social de la casa de estudios, que remarcó que la mejora reciente “trae alivio”, pero no implica una solución de fondo. En perspectiva histórica, la pobreza infantil muestra una tendencia creciente desde 2010, con fuertes incrementos en períodos de crisis y descensos temporales en etapas de recuperación.
En cuanto a la indigencia, el informe señala un comportamiento similar, con un descenso en 2025 luego de haber alcanzado su punto más alto en 2024. Sin embargo, los niveles actuales siguen reflejando una situación de vulnerabilidad extendida.
Uno de los aspectos más críticos es la inseguridad alimentaria: el 28,8% de los menores no accede de manera regular a una alimentación adecuada, y un 13,2% atraviesa situaciones severas. Esta problemática impacta con mayor fuerza en los sectores de menores ingresos y en áreas urbanas densamente pobladas, como el conurbano bonaerense.
En este contexto, la asistencia alimentaria alcanzó al 64,8% de los niños y adolescentes, el nivel más alto de la serie, impulsado por políticas como comedores escolares, espacios comunitarios y programas de transferencia directa. A su vez, la cobertura de la Asignación Universal por Hijo llegó al 42,5%, aunque con una leve caída respecto al año anterior.
El estudio también advierte sobre otras dimensiones de la pobreza. Durante 2025, el 19,8% de los niños dejó de asistir a controles médicos u odontológicos por motivos económicos, lo que evidencia dificultades en el acceso al sistema de salud. En paralelo, el 18,1% vive en viviendas precarias y el 20,9% en condiciones de hacinamiento, mientras que el 42% no cuenta con acceso adecuado a servicios de saneamiento.
A estas carencias se suma que el 37,5% de los menores enfrenta privaciones en vestimenta, una situación que, además del impacto material, genera consecuencias en el bienestar emocional.
Desde la UCA subrayan que, si bien las políticas sociales logran amortiguar los efectos más extremos de la pobreza, no alcanzan a cubrir la totalidad de las necesidades. En ese sentido, especialistas coinciden en que la mejora sostenida de las condiciones laborales de los adultos resulta clave para revertir el problema en el largo plazo.