Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron el lunes un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución que modifica el sistema de pagos y que, según denuncian, implica una significativa caída en sus ingresos. La medida fue impulsada por la APPAMIA y cuenta con el respaldo de la AMRA.
El conflicto se originó tras la firma de la Resolución 1107/2026 del organismo nacional, que introdujo cambios en el Nomenclador Común y eliminó incentivos y prestaciones, lo que, de acuerdo con los profesionales, se traduce en una reducción de ingresos superior al 50%.
Un nuevo esquema bajo cuestionamiento
Hasta ahora regía un sistema mixto que combinaba un pago fijo por paciente con el reconocimiento parcial de las consultas realizadas. Con la nueva modalidad, los médicos perciben únicamente un monto mensual por afiliado asignado, independientemente de la cantidad de atenciones brindadas. Ese valor fue fijado en $2.100 por paciente.
Desde el sector advierten que el impacto económico es considerable. Según estimaciones gremiales, un médico con 400 afiliados que anteriormente podía alcanzar ingresos cercanos a $1.650.000 mensuales vería reducida esa cifra prácticamente a la mitad. Tras descontar gastos operativos —como alquiler, servicios, seguros e insumos— el ingreso neto caería de manera significativa, afectando la sostenibilidad de los consultorios.
Además, sostienen que para lograr un ingreso que permita cubrir costos básicos, un profesional debería atender a cerca de mil afiliados, lo que implicaría una carga de más de 30 pacientes diarios en jornadas completas dedicadas exclusivamente al sistema.
Los médicos también cuestionan que la medida fue adoptada sin instancias de consulta y con aplicación retroactiva, en un contexto en el que los honorarios permanecían sin actualización desde octubre de 2025, pese al aumento de costos.
Plan de lucha y advertencias
El paro, que se extenderá hasta el jueves, constituye la primera acción dentro de un plan de lucha que incluye una movilización frente a la sede central del organismo. En caso de no obtener respuestas, las entidades anticiparon la posibilidad de un cese de actividades por tiempo indeterminado.
No obstante, se informó que durante la medida de fuerza se garantizará la atención de urgencias.
Desde APPAMIA alertaron sobre un posible éxodo de profesionales, lo que podría impactar directamente en el primer nivel de atención, clave para el seguimiento de enfermedades crónicas, la prescripción de tratamientos y las derivaciones.
Impacto en Misiones y un sistema en tensión
El conflicto adquiere especial relevancia en Misiones, donde el sistema ya venía atravesando dificultades. En los últimos meses se registraron interrupciones en el servicio de farmacias debido a deudas acumuladas del organismo con el sector, situación que ahora se suma a la problemática en la atención médica.
Referentes del sector advierten que la continuidad de este escenario podría afectar seriamente el funcionamiento del modelo asistencial, basado en la figura del médico de cabecera.
Repercusiones políticas
En el ámbito legislativo, el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para exigir explicaciones al Gobierno nacional sobre la situación financiera del organismo y reclamar la derogación de la normativa. La iniciativa también solicita información sobre la deuda con prestadores y farmacias, así como sobre la cantidad de profesionales que dejaron de trabajar con el sistema tras la implementación de los cambios.
Por su parte, desde el PAMI sostienen que la medida no constituye un ajuste, sino una reconfiguración orientada a ordenar el gasto y fortalecer el ingreso fijo de los médicos.
Sin acuerdo a la vista, el conflicto abre un escenario de incertidumbre que podría profundizarse en los próximos días si no se alcanza una solución negociada.