En Cultura en Diálogo, la abogada María Laura Merenda analizó la implementación del nuevo régimen penal juvenil en Argentina, una normativa que comenzará a regir en la provincia de Misiones a partir de septiembre y que introduce cambios significativos, entre ellos la baja en la edad de imputabilidad.
Durante la entrevista, la letrada explicó que la ley ya fue sancionada y publicada en el Boletín Oficial en marzo, pero su aplicación en las provincias requiere un período de adecuación. En el caso de Misiones, este proceso demandará seis meses, principalmente para la capacitación de jueces, fiscales, defensores y equipos interdisciplinarios, además de la asignación de recursos presupuestarios.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de los 16 a los 14 años. No obstante, Merenda aclaró que, pese a este cambio, los menores continúan bajo un sistema diferenciado del de los adultos, con un enfoque orientado a la reinserción social más que al castigo.
“La finalidad no es punitiva, sino restaurativa. Se busca que el menor pueda retomar su escolaridad, capacitarse en un oficio y recibir contención psicológica para evitar la reincidencia”, señaló.
En este sentido, destacó la incorporación de nuevas herramientas como la figura de tutores o responsables legales que deberán garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas, así como mecanismos de mediación y reparación integral del daño hacia las víctimas.
Sin embargo, la profesional advirtió sobre las limitaciones estructurales del sistema judicial y penitenciario en la provincia. Entre ellas, mencionó la falta de establecimientos adecuados para la detención de menores y la escasez de recursos para implementar plenamente la normativa. “Hoy existen déficits en infraestructura y en la separación de detenidos según su situación procesal o edad, algo que la ley exige pero que en la práctica no siempre se cumple”, remarcó.
Otro aspecto abordado fue el impacto de problemáticas sociales como el consumo problemático de sustancias, la violencia intrafamiliar y las dificultades en el acceso a tratamientos de salud mental. En este marco, Merenda cuestionó la limitación de 21 días de internación establecida por la ley nacional de salud mental, al considerar que resulta insuficiente para procesos de rehabilitación efectivos.
Asimismo, la abogada se refirió a la creciente preocupación por amenazas en ámbitos escolares, muchas de ellas difundidas a través de redes sociales. Explicó que, ante estos casos, intervienen los juzgados y fiscalías de menores, con medidas que pueden incluir la detención domiciliaria, la intervención de organismos especializados y el seguimiento interdisciplinario.
Finalmente, subrayó la importancia del rol familiar en la prevención de conductas delictivas y en el acompañamiento de los jóvenes. “La educación comienza en el hogar. La justicia puede intervenir, pero hay factores culturales y sociales que también deben ser abordados”, sostuvo.
La implementación del nuevo régimen penal juvenil plantea así un desafío integral que involucra no solo al sistema judicial, sino también a las políticas públicas, la educación y la contención social.