Alejandro Garzón Maceda, director de Comercio Interior de Misiones, aclaró que no se han impuesto multas a las empresas de servicios provinciales, como EMSA y SAMSA, y cuestionó la intromisión del Gobierno Nacional en competencias locales. Garzón defendió la legalidad de los cargos incluidos en las facturas de las empresas, argumentando que cumplen con normativas y concesiones específicas.
Este lunes, la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, imputó a 95 empresas en todo el país por supuestamente incluir cargos ajenos a sus contratos en las facturas de servicios. Entre ellas figuran Energía de Misiones SA (EMSA), Servicios de Agua de Misiones SA (SAMSA), y varias cooperativas eléctricas y de servicios de Misiones. Sin embargo, las prestatarias locales de servicios públicos manifestaron su sorpresa y se abstuvieron de hacer declaraciones sobre la medida.
Alejandro Garzón Maceda, en declaraciones a 89.3 FM de las Misiones y Canal 9 Norte Misionero, desmintió las versiones sobre multas y aclaró que la medida solo se trata de una imputación preliminar. Según Garzón, esta se fundamenta en una resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación y no en la Ley de Defensa del Consumidor, como se había señalado en algunos medios.
Garzón Maceda explicó que cada empresa y cooperativa en Misiones opera bajo condiciones específicas y acordadas para la facturación. “EMSA no cobra una tasa municipal; lo que cobra es el consumo de energía del alumbrado público, pues es la responsable de este servicio,” explicó, aclarando que esto no representa un cobro al municipio, sino una prestación estatal. También indicó que SAMSA tiene autorización por ley de concesión provincial para cobrar la tasa de uso de suelo, debido al servicio de instalación de cañerías.
El director también destacó el rol de las cooperativas, que actúan bajo decisiones aprobadas en sus asambleas. “Las cooperativas funcionan con reglas propias y responden a sus socios. No se les puede imponer que eliminen estos cargos, pues son autorizados por sus mismos socios,” puntualizó.
En cuanto a la intervención nacional, Garzón Maceda defendió la autonomía provincial en el control de las tarifas y la gestión de los servicios. “Nación no tiene potestad para intervenir en estas áreas, ya que las provincias tienen autoridades competentes para el control,” afirmó. Garzón mencionó que la provincia de Misiones ha llevado a cabo revisiones periódicas para asegurar que no existan cargos indebidos y se han corregido algunas inconsistencias en dos localidades.
Finalmente, Garzón Maceda advirtió sobre el impacto negativo de las restricciones nacionales en las finanzas de las empresas locales, subrayando que podrían afectar los servicios esenciales que brindan. “Estas medidas no desfinancian al Estado, sino a los prestadores de servicios, quienes garantizan que las luces públicas funcionen y se mantengan en condiciones,” concluyó.