La Cámara de Representantes de Misiones aprobó este jueves por unanimidad la modificación de la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos y dejó sin efecto la prohibición del uso de glifosato que había sido incorporada en 2023.
Los 40 diputados presentes acompañaron la iniciativa, incluido el expresidente de la Legislatura, Carlos Rovira. La reforma fue aprobada sobre tablas luego de que la Comisión de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente y Cuidado Animal emitiera dictamen durante la misma jornada.
La modificación implica un cambio respecto del esquema establecido hace tres años. El artículo 7 de la norma original prohibía “la utilización del glifosato, sus componentes y afines en toda la Provincia” y había establecido un plazo de dos años para que la restricción comenzara a regir.
Con la nueva redacción, esa prohibición fue eliminada. En su lugar, la ley establece que “se podrá utilizar bioinsumos en el territorio provincial, en la medida que los distintos organismos competentes en el orden nacional y los que correspondan a los países de destino de las exportaciones de los productos de origen local lo autoricen”.
Además, la Legislatura derogó el artículo 8, que establecía la aplicación de sanciones previstas en otras leyes provinciales ante eventuales incumplimientos.
Una reforma que amplió el proyecto inicial
El texto aprobado resultó más amplio que el proyecto presentado la semana pasada por los 18 integrantes del bloque Movimiento por lo que Viene.
La propuesta original planteaba modificar únicamente el artículo 7 para eliminar la prohibición general del glifosato y establecer que el proceso de sustitución quedara condicionado a la existencia de alternativas autorizadas, accesibles y compatibles con el ambiente.
Sin embargo, el dictamen elaborado por la comisión reunió ocho expedientes presentados desde 2023 y avanzó sobre los artículos 5, 6 y 7, además de derogar el artículo 8 de la Ley VIII Nº 103.
La reforma no eliminó la Ley de Bioinsumos, pero sí dejó sin efecto su disposición más controvertida, que impedía expresamente el uso del glifosato en todo el territorio provincial.
Otro de los cambios incorporados fue la designación del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables como autoridad de aplicación, junto con el Ministerio del Agro y la Producción. Hasta ahora, esa responsabilidad correspondía exclusivamente a la cartera agraria.
La nueva normativa también incorpora entre las atribuciones de ambos organismos la promoción de la participación de entidades representativas de los sectores agropecuario y forestal, a través de instancias de consulta, intercambio técnico y elaboración de recomendaciones.
Ocho expedientes fueron unificados
Al comenzar la sesión, la Presidencia de la Cámara informó que los ocho expedientes vinculados con la modificación de la Ley de Bioinsumos habían obtenido dictamen y serían tratados como primer punto del plan de labor.
El despacho unificado reunió iniciativas impulsadas por legisladores de distintos espacios y períodos parlamentarios, entre ellos Ariel Pianesi, Miguel Núñez, Gladys Cornelius, Martín Arjol y Juan José Szychowski.
La comisión recomendó aprobar un texto unificado, firmado por diputados del oficialismo y la oposición. Finalmente, la iniciativa recibió el respaldo de los 40 integrantes de la Cámara.
Lemes habló de una “corrección de rumbo”
El miembro informante del dictamen, Waldovino Enio Lemes, sostuvo durante el debate que la modificación busca compatibilizar las políticas ambientales de la provincia con las necesidades de los productores.
“Hoy estamos tratando un tema que, por sus características, nos obliga a dejar de lado las posiciones simplistas y las discusiones de blanco o negro. Estamos hablando del ambiente, de producción, de trabajo y, en definitiva, de la vida cotidiana de miles de familias misioneras que viven y trabajan la tierra”, expresó.
El legislador afirmó que “el cuidado del ambiente no está en discusión” y remarcó que Misiones continuará con las políticas destinadas a proteger sus recursos naturales.
No obstante, sostuvo que las alternativas necesarias para reemplazar los fitosanitarios “no se desarrollaron ni estuvieron disponibles al ritmo que la ley había previsto para toda la actividad productiva”.
Según explicó, cualquier producto que pretenda reemplazar las herramientas utilizadas actualmente debe reunir condiciones de eficacia, autorización, disponibilidad y viabilidad económica.
“No podemos pedirle que produzca de otra manera sin que disponga primero de los medios eficaces para hacerlo”, afirmó, particularmente en referencia a los pequeños y medianos productores.
Lemes también rechazó que la modificación implique abandonar la promoción de los bioinsumos. “El objetivo no es producir de cualquier manera, el objetivo es producir mejor. Y para producir mejor necesitamos conocimiento, tecnología, capacitación y alternativas reales”, manifestó.
El antecedente de las prórrogas
Durante su exposición, Lemes recordó que la aplicación de la prohibición ya había sido postergada por el Poder Ejecutivo ante los reclamos de distintos sectores productivos.
En 2024, el Decreto 1.608 estableció una prórroga para determinadas actividades. Posteriormente, en agosto de 2025, otra disposición extendió la excepción a las actividades agrícolas y forestales mientras no existieran alternativas autorizadas por los organismos nacionales y por los países compradores de productos misioneros.
La reforma aprobada este jueves incorporó ese criterio al marco legal y eliminó definitivamente el plazo fijo establecido en 2023.
“Esta modificación del artículo 7 no representa un paso atrás, es una corrección de rumbo necesaria para poder seguir avanzando”, sostuvo Lemes.
El legislador planteó como desafío la construcción de un sistema que permita preservar los recursos naturales sin dejar sin herramientas a quienes producen.
“No hay desarrollo posible si destruimos aquello que necesitamos para producir, pero tampoco hay desarrollo sostenible si dejamos sin herramientas a quienes todos los días producen, trabajan y sostienen la economía de nuestra provincia”, expresó.
El respaldo del sector productivo
La reforma legislativa se produjo luego de que distintas organizaciones vinculadas con la producción respaldaran públicamente la revisión de la normativa.
La Sociedad Rural Argentina había destacado la decisión del Gobierno provincial y consideró que permitiría recuperar previsibilidad y herramientas para la actividad agropecuaria.
También esta semana se pronunció la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), que advirtió que actualmente no existen productos alternativos con una eficacia comprobada equivalente para el control de malezas durante la implantación forestal.
La entidad señaló que Misiones cuenta con más de 400 mil hectáreas de plantaciones y sostuvo que la modificación permitirá brindar mayor estabilidad jurídica a inversiones que, por las características de la actividad forestal, se proyectan a largo plazo.