El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dispuso que la Provincia asumirá el costo de los servicios de energía eléctrica y agua potable de los centros que atienden a personas con discapacidad, ante la interrupción de transferencias por parte del Estado nacional.
La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 657, que crea un régimen extraordinario y transitorio destinado a establecimientos categorizados como prestadores de servicios de atención a personas con discapacidad. La asistencia regirá desde mayo hasta el 31 de diciembre de 2026.
Según establece la normativa, el beneficio consistirá en un subsidio para cubrir consumos mensuales de hasta 1.000 kW de energía eléctrica y 9 metros cúbicos de agua potable por institución. Los pagos serán realizados de manera directa a las prestatarias, entre ellas Electricidad de Misiones S.A. (EMSA), Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA) y cooperativas de la provincia.
Passalacqua había anticipado la decisión días atrás al señalar que “hace meses que el Ministerio de Salud de la Nación no les gira los fondos y se trata de espacios de alta sensibilidad”. En ese sentido, sostuvo que la Provincia decidió intervenir para aliviar la situación financiera de los establecimientos y garantizar su funcionamiento.
El mandatario también advirtió que el desfinanciamiento acumulado ronda los 2.500 millones de pesos, cifra que consideró de fuerte impacto para el sostenimiento del sistema de prestaciones.
Requisitos para acceder al beneficio
El decreto establece que podrán acceder al régimen aquellos centros que cuenten con categorización vigente otorgada por el Ministerio de Salud Pública de Misiones y acrediten que al menos el 60% de sus pacientes sean afiliados al Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS) o beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.
Además, deberá existir coincidencia entre el domicilio donde se presta el servicio y el registrado en la habilitación correspondiente. La norma prevé también la suspensión automática del beneficio en caso de irregularidades o vencimiento de los requisitos exigidos.
Garantizar tratamientos esenciales
La implementación del programa quedará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno provincial advirtió que la falta de pagos y la acumulación de deudas nacionales generan una grave afectación en el flujo de fondos de las instituciones y ponen en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales.
Frente a ese escenario, la administración misionera remarcó la necesidad de intervenir para asegurar la prestación de servicios vinculados a la atención integral de personas con discapacidad, en línea con lo establecido por la Ley Nacional 24.901.