La normativa reemplaza la vigente desde 2023 e incorpora reformas vinculadas a la organización del gobierno vaticano, la composición de la Pontificia Comisión y el funcionamiento de las estructuras institucionales.
El papa León XIV promulgó este viernes 31 de julio la nueva Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, una normativa que sustituye al texto vigente desde mayo de 2023 y que entró en vigor de manera inmediata.
La nueva legislación busca adecuar el ordenamiento jurídico vaticano a las actuales necesidades de gobierno e incorpora en un único cuerpo normativo las modificaciones introducidas en los últimos años en las áreas legislativa, ejecutiva y judicial.
El documento fue firmado en la memoria litúrgica de san Ignacio de Loyola y establece una actualización de la estructura institucional del Estado de la Ciudad del Vaticano, reafirmando su carácter autónomo y singular dentro del derecho internacional.
Entre las principales modificaciones se encuentra la actualización de la composición de la Pontificia Comisión, a partir de la reforma establecida por el motu proprio del 19 de noviembre de 2025, que eliminó la reserva del cargo de presidente de ese organismo exclusivamente para los cardenales.
Esta modificación permitió el nombramiento de la hermana Raffaella Petrini como presidenta de la Pontificia Comisión y de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Asimismo, el artículo 8 de la nueva Ley Fundamental establece que la Pontificia Comisión estará integrada por cardenales y otros miembros, incluido su presidente, todos designados por el Papa por un período de cinco años.
La Gobernación y el sistema judicial
En el ámbito ejecutivo, la normativa reafirma la misión de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano como organismo al servicio directo del Sucesor de Pedro y precisa las competencias del presidente y del secretario general, además de la colaboración entre ambas autoridades.
En materia judicial, la nueva Ley Fundamental mantiene la regulación de los órganos de justicia a través de la Ley sobre el ordenamiento judicial, actualizada mediante las reformas aprobadas en los últimos años para fortalecer la administración de justicia.
El texto establece que la Ley Fundamental constituye la base del ordenamiento jurídico del Estado de la Ciudad del Vaticano y recuerda que los órganos de gobierno y quienes prestan servicio permanente al Estado ejercen sus funciones dentro del territorio definido por el Tratado de Letrán.
Además, señala que estas instituciones cuentan con las garantías e inmunidades previstas por el derecho internacional en aquellos lugares donde la Santa Sede o el Estado Vaticano desarrollan sus actividades.