La detención de dos hombres en Jujuy por publicar comentarios en redes sociales sobre la supuesta infidelidad de Tulia Snopek, la esposa del gobernador Gerardo Morales, ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico. Diferentes expertos consultados por LA NACION expresaron su preocupación y cuestionaron el proceso judicial que llevó a mantener a los acusados en prisión durante más de un mes.
Nahuel Morandini fue arrestado tras publicar un tuit que insinuaba una relación entre la esposa de Morales y un músico, mientras que Roque Villegas fue detenido por compartir mensajes similares en Facebook. Ambos enfrentan acusaciones de graves delitos penales, incluyendo lesiones psicológicas a Snopek y afectación a la identidad de su hija, lo que podría resultar en una condena de hasta ocho años de prisión.
Especialistas en derecho penal y constitucional coincidieron en que el uso del derecho penal en este caso es excesivo y cuestionaron la fundamentación legal para mantener a los acusados detenidos. Alejandro Carrió, experto en derecho penal y constitucional, señaló que se está empleando el derecho penal para castigar conductas que podrían resolverse adecuadamente a través del derecho civil y las indemnizaciones. También cuestionó la validez de los cargos presentados contra los acusados.
María Angélica Gelli, constitucionalista, expresó su sorpresa por la prisión preventiva en este caso, considerándola una exageración. Hernán Gullco, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles, calificó la situación en Jujuy como “muy inquietante” y afirmó que el uso de la vía penal con prisión preventiva no es aceptable en estas circunstancias.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, describiéndolo como un “abuso del derecho penal” y una “criminalización a la libertad de expresión”.
La detención de los acusados ha provocado una intensa controversia sobre el respeto a la libertad de expresión y el uso adecuado del derecho penal en casos de este tipo. Los juristas consultados instan a revisar este proceso y garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los acusados mientras se asegura la protección de los derechos de las personas involucradas. Con información de La Nación Paz Rodríguez Niell