La Justicia federal analiza posibles irregularidades tras una denuncia del rector organizador sobre el retiro de documentación clave. Caamaño descarta acusaciones de autorobo.
La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. La Justicia federal inició una investigación para determinar el presunto robo de documentos en su sede central, ubicada en Defensa 119, luego de que el rector normalizador, Eduardo Maurizzio, denunciara el retiro irregular de cajas con expedientes.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó el acceso a los registros de las cámaras de seguridad del edificio, tanto del interior como del exterior, correspondientes a los días 30 y 31 de octubre y al 13 de noviembre. Según la denuncia, las imágenes muestran a Gustavo Pons, ex vicerrector académico, y a Agustín Real, exsecretario administrativo, trasladando cajas de documentos en automóviles.
Disputa por el control de la institución
La situación se produce en un contexto de tensión institucional. Días antes, las redes sociales de la universidad habían informado que personas no identificadas ingresaron al edificio entre el 30 y el 31 de octubre, llevándose documentos de sectores clave. Sin embargo, Maurizzio sostiene que el retiro ocurrió el 13 de noviembre y que fue llevado a cabo por los exfuncionarios mencionados.
Por su parte, Cristina Caamaño, exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y quien previamente había ocupado el cargo de rectora normalizadora, negó categóricamente que se tratara de un autorobo. En diálogo con TN, explicó que la documentación fue trasladada para resguardar información sensible tras el ingreso de desconocidos al edificio. Según ella, el traslado fue aprobado por el Consejo Superior de la universidad.
Antecedentes y denuncias de irregularidades
La Universidad ya había enfrentado cuestionamientos tras un allanamiento en otro inmueble asignado a la institución. En ese caso, el Ministerio de Justicia denunció que el edificio funcionaba como un boliche clandestino, un espacio político y un búnker en desuso, lejos de los fines educativos previstos.
Las tensiones internas también giran en torno a la legitimidad del nombramiento de Caamaño como rectora. El Gobierno sostiene que su designación fue irregular y que los documentos firmados durante su gestión carecen de validez legal.
Implicancias y futuro de la investigación
Las imágenes de las cámaras de seguridad solicitadas por Pollicita serán clave para determinar lo ocurrido. Mientras tanto, las versiones enfrentadas reflejan una institución atravesada por disputas internas y cuestionamientos sobre su administración.
El caso sigue abierto, con la Justicia federal evaluando si existieron delitos relacionados con el manejo de documentos y las condiciones de seguridad del inmueble. La investigación podría arrojar nueva luz sobre el manejo institucional en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo y su rol en la gestión de recursos públicos. TN