Más de la mitad de los hogares no logró cubrir la canasta alimentaria en abril y, entre quienes sí lo hicieron, siete de cada diez recurrieron a asistencia estatal.
La inflación registró una desaceleración en abril, aunque el dato no se traduce en un alivio concreto para los hogares. Por el contrario, el freno en los precios aparece vinculado a la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y una mayor dependencia del crédito y la asistencia estatal para cubrir necesidades básicas.
De acuerdo al relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 2,6% en abril, lo que representa una baja de 0,7 puntos porcentuales respecto a marzo. Esta moderación se explica, en parte, por una menor presión estacional en el rubro educación tras el inicio del ciclo lectivo, una desaceleración en tarifas de vivienda y servicios —que pasaron del 5,6% al 3,9%— y una reducción en alimentos y bebidas, que descendieron del 3,6% al 2,1%.
Sin embargo, el informe advierte que la desaceleración en alimentos no responde a una mejora estructural, sino a la contracción de la demanda producto del deterioro del ingreso real. En lo que va del año, la inflación acumula un 12,1%, superando en 2,1 puntos porcentuales la previsión establecida en el Presupuesto 2026 para todo el período.
En paralelo, el costo de vida continúa en alza. La Canasta Básica Total (CBT), que define la línea de pobreza para un hogar tipo de cuatro integrantes, se ubicó en $1.876.722. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, alcanzó los $1.029.591, tras una suba mensual del 2,1% y un incremento acumulado del 13,9% en lo que va de 2026.
Este encarecimiento de las condiciones mínimas de subsistencia se refleja en un deterioro social creciente. Según la encuesta de hogares del IETSE, el 56,8% de las familias no logró cubrir la canasta alimentaria durante abril. Entre quienes sí lo consiguieron, el 71,4% debió recurrir a asistencia estatal, ya sea mediante transferencias como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o programas alimentarios.
El informe también expone situaciones de alta vulnerabilidad: el 11,4% de los hogares redujo su ingesta a una sola comida diaria o atravesó episodios de hambre, el 21,5% se quedó sin alimentos en algún momento del mes y el 32,1% manifestó haber sentido hambre sin poder satisfacer esa necesidad. A su vez, el 52,8% de las familias recortó la cantidad de comidas, eliminando principalmente la cena.