El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Francisco Adorni, diputado provincial de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y se centra en supuestas inconsistencias en la evolución patrimonial del exfuncionario del Ministerio de Defensa.
La investigación tramita en el Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas, quien delegó la instrucción al fiscal Marijuán. El caso analiza el crecimiento patrimonial de Adorni durante su paso por distintos cargos públicos, entre ellos la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y la presidencia del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), previo a su llegada a la Legislatura bonaerense.
Según la presentación de Pagano, existen variaciones significativas en las declaraciones juradas del imputado. En 2024, Adorni habría declarado un patrimonio de $43.790.000, que incluía el 50% de una propiedad en City Bell y un vehículo Chery Tiggo. Un año más tarde, su patrimonio habría ascendido a $80.500.000, incremento asociado a la incorporación de una camioneta Jeep Renegade y, principalmente, a la cancelación anticipada de un crédito hipotecario de $60.000.000 otorgado por el Banco Provincia en un plazo de doce meses, situación que, según la denunciante, no se condice con sus ingresos declarados.
En su resolución, el fiscal Marijuán aclaró que la investigación se circunscribe exclusivamente a Francisco Adorni. En paralelo, señaló que las referencias a Manuel Adorni corresponden a otro expediente en trámite ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, aunque solicitó información para determinar si existen vínculos documentales entre ambas causas.
Como parte de las medidas de prueba, la fiscalía requirió información a distintos organismos públicos y entidades financieras. Entre ellos, ARCA, ARBA y AGIP deberán remitir datos sobre declaraciones juradas, bienes e historial fiscal del imputado, además de eventuales adhesiones a regímenes de regularización patrimonial desde 2020.
Asimismo, se solicitó al Banco Central y al Banco Provincia el levantamiento del secreto bancario para analizar movimientos financieros, inversiones, cajas de seguridad y el detalle del crédito hipotecario cuestionado. También se pidió información a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Inspección General de Justicia sobre eventuales viajes al exterior y participación en sociedades comerciales.
La Unidad de Información Financiera (UIF) y registros de propiedad inmueble deberán aportar informes sobre el perfil financiero del legislador y la titularidad de bienes registrables.
Finalmente, el fiscal citó a la diputada Marcela Pagano para ratificar la denuncia y ordenó relevar boletines oficiales de Nación, Ciudad y Provincia con el objetivo de reconstruir la trayectoria administrativa del imputado.