Un grupo de diputados nacionales ha presentado un proyecto de ley que promete transformar el destino de los bienes decomisados en causas federales, proponiendo una gestión más racional y socialmente útil de estos activos. La iniciativa surge ante la evidente obsolescencia de la actual normativa, que no solo carece de eficacia práctica, sino que también refleja un paradigma superado en la gestión de los bienes incautados en procesos penales.
Según los legisladores impulsores, entre quienes se encuentran destacados nombres como Roberto Mirabella, Ramiro Gutiérrez y Cristian Ritondo, la situación actual revela una saturación preocupante en los depósitos de la Policía Federal destinados a estos fines. Ante esta realidad, se propone una legislación moderna que garantice una administración eficiente y transparente, sin descuidar el respeto por los derechos y garantías de todas las partes involucradas.
“Las causas penales bajo la jurisdicción federal, relacionadas con delitos como contrabando, trata de personas, narcotráfico y lavado de dinero, generan un volumen considerable de bienes incautados que, en la actualidad, carecen de utilidad social”, sostiene Mirabella. En este contexto, el proyecto busca no solo asegurar la conservación del valor de estos activos, sino también promover su reutilización en beneficio de la sociedad.
Los principios rectores de la ley enfatizan la importancia de garantizar la reparación integral de las víctimas, promover la participación ciudadana en la reutilización social de los bienes, y mantener la transparencia y equidad en su administración. Según Mirabella, la reparación no se limita a las víctimas individuales, sino que abarca también a colectivos afectados por el crimen organizado, cuyo daño supraindividual también debe ser abordado.
Para asegurar una gestión eficiente, el proyecto propone la creación de una agencia especializada sujeta a control parlamentario, siguiendo el ejemplo de países como Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Bolivia y México. Esta agencia se encargaría de custodiar, administrar y asignar los bienes decomisados, manteniendo intactas las facultades decisorias y de control de la autoridad judicial.
Con este proyecto, se busca no solo modernizar el sistema de gestión de bienes decomisados, sino también promover una mayor justicia social y participación ciudadana en la resolución de conflictos penales. La iniciativa representa un paso significativo hacia una administración más eficiente y equitativa de los activos vinculados a delitos federales. El Territorio