El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) denunció un recrudecimiento del hostigamiento contra la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, en el municipio de Garuhapé, y advirtió sobre un escenario de creciente tensión en torno al conflicto territorial que mantiene con el empresario Alfredo Ruff.
La organización ya había alertado sobre una presentación judicial impulsada por el abogado del empresario, que solicita medidas contra una integrante de EMiPA y mayores controles en la zona. En ese marco, anunció que llevará la situación ante mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
En diálogo con Nuestras Mañanas, María Josefa «Kiki» Ramírez, integrante de EMiPA y del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, sostuvo que la comunidad permanece en un territorio relevado bajo la Ley 26.160, reconocido como de ocupación tradicional indígena, y que actualmente atraviesa un conflicto más intenso con Ruff que con la empresa Arauco.
Ramírez explicó que, tras el segundo desalojo, la comunidad volvió a recuperar el espacio y actualmente convive a escasa distancia del empresario. Si bien afirmó que no se registran episodios de violencia directa, señaló que existe una presencia policial permanente y que grupos vinculados al empresario ingresan frecuentemente al lugar, lo que, según indicó, genera un clima de presión constante sobre las familias y las comunidades que acompañan la recuperación territorial.
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La referente de EMiPA remarcó que el territorio fue reconocido mediante el relevamiento técnico previsto por la Ley 26.160, que acredita la ocupación actual, pública y tradicional de la comunidad. En ese sentido, sostuvo que el Estado es el responsable de resolver el conflicto, al haber otorgado títulos de propiedad sobre tierras que, según afirmó, forman parte del territorio ancestral indígena.
Además, denunció nuevas dificultades para el ingreso de remises que trasladan personas, mercaderías y alimentos hacia la comunidad. Según relató, los vehículos fueron impedidos de circular por el camino que atraviesa la zona en conflicto, situación que derivó en una denuncia policial debido a que afecta el abastecimiento de las familias que permanecen en el lugar.
Durante la entrevista, Ramírez también vinculó el caso con el debate nacional sobre las tierras y advirtió que la situación de Puente Quemado II podría anticipar conflictos similares si avanzan iniciativas que, a su entender, faciliten desalojos o profundicen la concentración de tierras. En ese contexto, expresó su preocupación por el impacto que estas políticas podrían tener sobre los pueblos indígenas y otros sectores vulnerables.
El conflicto en Puente Quemado II se desarrolla en paralelo con la denuncia pública realizada por EMiPA, que sostiene que las recientes acciones judiciales, las restricciones al acceso y las amenazas denunciadas buscan criminalizar el reclamo territorial de la comunidad y de quienes acompañan su defensa.
Comunidades mbya recurrirán a la ONU por presunto hostigamiento en el conflicto de Puente Quemado II
Comunidades mbya guaraníes y el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) anunciaron que presentarán una denuncia ante mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas por presuntas irregularidades judiciales, hostigamiento e intimidación en el conflicto territorial de Puente Quemado II.
Según informaron, una presentación judicial solicita la detención de una integrante de EMiPA, el secuestro de vehículos que trasladen personas a la comunidad y mayores medidas de seguridad en la zona. Además, denunciaron amenazas contra remiseros de Garuhapé, quienes habrían dejado de prestar servicio por temor a represalias.
Para las comunidades y EMiPA, estas acciones buscan criminalizar el reclamo por el territorio ancestral y profundizar el clima de persecución contra quienes acompañan la defensa de sus derechos.