En primer lugar, comentó “nos toco acompañar un periodo complejo y turbulento con respecto a la violencia en la ciudad. La balacera que sucedió la semana pasada en el supermercado a la familia Roccuzzo, es un hecho más a los que estamos acostumbrados a recibir en Rosario”.
“Son cosas que sucede todos los días, ayer en Empalme Granero mataron a un niño de 11 años en un tiroteo y tres niños están hospitalizados entre ellos una nena de 2 años. Hoy mataron a un muchacho en Zona Oeste y anoche balearon una escuela en Zona Sur”, añadió.
Seguidamente explicó que “hay toda una entramada detrás de todos los hechos, que tienen como protagonistas al narcotráfico. La ciudad está abandonada por el Estado y el Gobierno Nacional”.
Asimismo, indicó que “los presupuestos para la seguridad en el 2022, de los 600 millones destinados a ella, solamente se utilizaron 20 millones. Queda claro la falta de gestión en estos casos que es escandalosa”.
Por otra parte, lamento que “los programas como el denominado “Nuevas Oportunidades” que contenía a los jóvenes, desaparecieron y a la vez crecieron las bandas de sicarios. Los vínculos familiares se desarticularon completamente, y los consumos a la temprana edad es normal en los sectores. El Estado se retiró de los territorios y eso causó estragos”.
En cuanto a la seguridad desde las cárceles con las comunicaciones desde los celulares de los internos, dijo que “no hay una política de restricciones desde las cárceles”, no se aplica los mecanismos para intervenir los celulares porque el sistema operativo es de un costo muy elevado según informaron. Esto quiere decir que desde las cárceles se siguen organizando balaceras y asesinatos. Ya no hay códigos, los narcos no tienen códigos porque el estado no está”.
Por otra parte sostuvo que, “en Rosario hay 4 jueces federales y faltarían 10 más, con la cantidad de conflictos y violencia que opera en la ciudad”.
Para finalizar, con respecto a lo que sucede en El Salvador con las medidas implementadas en la seguridad y desarticulación de los pandilleros, destacó que, “en la Argentina no se cumple las leyes de inserción al trabajo en las cárceles, pero se debe cumplir con la constitución y no podemos compararnos con El salvador”.