El conflicto que mantiene paralizada la actividad portuaria en Argentina ingresó este martes en su cuarto día, con más de 185 buques detenidos y crecientes consecuencias para las exportaciones, la logística y el abastecimiento de combustibles. El sector estima pérdidas de entre USD 50.000 y USD 100.000 diarios por cada embarcación inmovilizada, mientras el Gobierno nacional ratificó que aplicará sanciones a los trabajadores que sostienen la medida de fuerza.
El paro, impulsado por los prácticos tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, mantiene prácticamente paralizadas las maniobras de ingreso y salida de buques en los principales puertos del país. Solo este martes se sumaron más de 45 embarcaciones a la espera de operar en el polo exportador del Gran Rosario, que ya acumulaba unas 140 desde el lunes.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, advirtió que el conflicto genera un elevado sobrecosto para el comercio exterior y alertó que, de no resolverse durante la jornada, podrían incorporarse otras 30 embarcaciones a la lista de buques varados.
Además del impacto económico, el dirigente sostuvo que la situación afecta la imagen internacional del país como proveedor confiable y reclamó la apertura de una instancia de diálogo entre las partes para encontrar una salida al conflicto. Hasta el momento, el Gobierno no convocó una mesa de negociación y evalúa alternativas judiciales para destrabar la medida.
Intimación oficial y posibles sanciones
En respuesta al paro, la Prefectura Naval Argentina intimó a 536 prácticos a retomar de inmediato sus funciones y advirtió que quienes incumplan podrían enfrentar sanciones disciplinarias e incluso denuncias penales.
Durante su conferencia semanal, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la reforma impulsada por el Ejecutivo al señalar que busca incrementar la competencia y reducir los costos logísticos del sistema portuario. Asimismo, afirmó que el practicaje constituye un servicio esencial y anticipó que «habrá castigos» para quienes mantengan la interrupción de las actividades.
Qué cambia con la nueva normativa
El Decreto 690/2026 reemplazó el régimen vigente desde 1991 e introdujo una serie de modificaciones en el servicio de practicaje y pilotaje. Entre los principales cambios, creó un registro abierto de profesionales administrado por la Prefectura Naval Argentina, permitió a los usuarios elegir libremente a los prestadores del servicio y eliminó restricciones para el ingreso de nuevos operadores.
La norma también otorgó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la facultad de establecer tarifas máximas, dispuso la publicación obligatoria de precios para fomentar la competencia y eliminó la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido.
Según datos difundidos por el Ministerio de Desregulación, las tarifas del practicaje en Argentina figuran entre las más elevadas a nivel internacional, tanto para las maniobras de los buques como para el traslado de los prácticos.
Preocupa el abastecimiento de combustibles
Uno de los efectos más sensibles del conflicto se registra en el sector energético. La Cámara Argentina de Energía informó que las operaciones de todas sus empresas asociadas permanecen interrumpidas en puertos estratégicos como Campana, Dock Sud, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova.
Desde esas terminales se distribuyen nafta, gasoil, fuel oil y petróleo crudo hacia distintos puntos del país, especialmente hacia la Patagonia. Empresas del sector advirtieron que, si el paro se prolonga, podrían registrarse inconvenientes en el abastecimiento de combustibles.
Entre las operaciones afectadas se encuentra la del buque White Marlin, vinculado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que permanece fondeado sin poder ingresar al puerto por la falta del servicio de practicaje.