A pocas horas de una nueva movilización universitaria en reclamo por el financiamiento educativo, el Gobierno nacional oficializó un recorte de $78.768 millones en distintas áreas de la Secretaría de Educación, afectando programas clave vinculados a alfabetización, salarios docentes, becas estudiantiles e infraestructura universitaria.
La medida fue establecida mediante la Decisión Administrativa 20/2026 y se conoce en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y las universidades nacionales, que denuncian una fuerte pérdida presupuestaria y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
El mayor ajuste: alfabetización y salarios docentes
El programa más afectado fue el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una reducción de $35.288 millones. El recorte impacta directamente sobre las transferencias destinadas a las provincias para implementar políticas educativas orientadas a mejorar la comprensión lectora y los niveles básicos de aprendizaje.
Otro de los puntos sensibles del ajuste fue la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, herramienta utilizada para equilibrar los salarios mínimos entre las distintas jurisdicciones provinciales. La quita en este caso asciende a $8.929 millones.
En paralelo, los programas vinculados a infraestructura escolar y equipamiento educativo perdieron $21.686 millones, mientras que el área de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas registró una caída de $6.649 millones. Dentro de ese esquema, las becas estudiantiles sufrieron una reducción superior a los $559 millones.
EDUC.AR y universidades también alcanzadas
La empresa estatal EDUC.AR S.A., encargada del desarrollo de contenidos y plataformas educativas, también quedó alcanzada por el ajuste, con una disminución de transferencias por $48.000 millones.
En el caso de las universidades nacionales, el Gobierno suspendió partidas destinadas a infraestructura del conocimiento, con un recorte total de $5.303 millones que afecta obras en trece instituciones públicas.
La Universidad Nacional de La Plata aparece como la más perjudicada, con una pérdida de $1.043 millones. Le siguen las universidades nacionales de General San Martín y Avellaneda, ambas con recortes de $700 millones; Río Cuarto, con $680,5 millones; y Entre Ríos, con $540 millones.
Caída real del presupuesto universitario
Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto destinado al Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”, que concentra los fondos de las universidades nacionales, acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025 durante la gestión del presidente Javier Milei.
El informe proyecta que, a valores constantes de diciembre de 2026, el crédito vigente alcanzaría los $4,87 billones, profundizando la retracción real hasta el 41,6% respecto de 2023.
El CEPA también comparó la situación actual con el escenario que hubiese representado la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el Poder Ejecutivo y luego insistida por el Congreso. De haberse implementado, el presupuesto universitario habría ascendido a $8,49 billones en valores de 2026, permitiendo recuperar casi totalmente el poder adquisitivo perdido en los últimos años.
En contraste, el proyecto impulsado por el Ejecutivo prevé un incremento nominal del 13,1%, equivalente a $5,51 billones. Sin embargo, en términos reales esto implicaría una nueva caída del 2,1% respecto de 2025 y del 33,9% frente a 2023.
“El proyecto del Ejecutivo consolida el ajuste en términos reales y deja a las universidades con un presupuesto 35,1% inferior al que hubiera correspondido bajo la ley aprobada por el Congreso”, advirtió el CEPA.
La postura del Gobierno
En medio del conflicto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió la posición oficial y cuestionó la viabilidad de la ley reclamada por las universidades.
“La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto”, sostuvo el funcionario, al argumentar que las asignaciones establecidas previamente quedan absorbidas por la ley presupuestaria anual.
La movilización universitaria tendrá su acto central en Plaza de Mayo, con concentración prevista desde las 17 y discursos programados para las 18 horas.