El gobierno nacional está en una intensa negociación con gobernadores para modificar la lista de 150 jueces, fiscales y defensores que será enviada al Senado. Esta movida tiene como objetivo asegurar los votos necesarios para las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia, en un intento de evitar que el máximo tribunal funcione con solo tres miembros tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda, efectiva a partir del 30 de diciembre.
Esta semana, el Ejecutivo anunció su intención de cubrir vacantes en juzgados federales, una necesidad planteada, entre otras razones, por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que urgió al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a completar las designaciones para que Argentina evite entrar en la “lista gris” del organismo.
La Casa Rosada está revisando y ajustando nombres de la lista de candidatos judiciales tras recibir comentarios de los gobernadores. Fuentes de Balcarce 50 reconocieron que ya están realizando modificaciones, y se espera que el listado final se envíe en grupos de 20 durante la semana próxima.
Los encargados de estas negociaciones son el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quienes han sido clave en seleccionar a ciertos candidatos con el fin de motivar a los mandatarios provinciales a solicitar modificaciones a cambio de su apoyo en el Senado. En el proyecto se incluyen propuestas de jueces para cubrir vacantes en provincias gobernadas por figuras como Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alberto Weretilneck (Río Negro) y otros.
La nominación de ciertos magistrados ha generado tensión, como el caso de Marcelo Martín Bailaque, propuesto para la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y actualmente bajo investigación por presunta complicidad con el narcotráfico. También provocó inquietud la candidatura de Ana Paula Zavattieri en Mendoza, debido a sus vínculos con el político Ernesto Sanz, generando un desencuentro con el gobernador Cornejo.
Mientras tanto, el oficialismo busca obtener suficientes adhesiones para someter las candidaturas de Lijo y García Mansilla al voto en el Senado antes del 30 de noviembre. Fuentes del Ejecutivo señalaron que ciertos candidatos propuestos aún no han completado los trámites requeridos, como la presentación de sus currículums y declaraciones juradas, situación que ha ralentizado el proceso.
Además, la negociación entre el gobierno y sus aliados no ha estado exenta de tensiones. La Casa Rosada admitió que no involucró al PRO en la conformación de la lista judicial, lo que ha tensado aún más la relación con el bloque aliado, que cuenta con seis senadores. En tanto, el kirchnerismo respalda la postulación de Lijo, aunque se necesitan más acuerdos para alcanzar la mayoría en el recinto.
En este contexto de presiones y reacomodamientos, el gobierno avanza en su plan de cubrir las vacantes judiciales y consolidar los respaldos necesarios para el nombramiento de sus candidatos a la Corte Suprema, con la meta de consolidar su influencia en el máximo tribunal y, a su vez, asegurar el pleno funcionamiento del poder judicial.