El Gobierno nacional formalizó el miércoles el envío al Congreso de la Nación Argentina de un proyecto de reforma electoral que plantea cambios profundos en el sistema político. La iniciativa, que ingresó por el Senado de la Nación Argentina, incluye la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), nuevas reglas de financiamiento partidario y la incorporación del mecanismo de “Ficha Limpia”, entre otros puntos centrales.
El texto, compuesto por 79 artículos, propone modificaciones a normas clave como la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la Ley de Democratización de la Representación Política, el Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. La iniciativa había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante una reciente gira internacional.
En la previa de su presentación, el mandatario expresó en redes sociales su postura con un mensaje enfático a favor de los cambios, centrado en la eliminación de las PASO, la modificación del financiamiento político y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas.
Fin de las PASO y nuevos requisitos para partidos
Uno de los ejes principales del proyecto es la eliminación de las PASO a nivel nacional. De aprobarse, las internas partidarias deberán ser organizadas y financiadas por cada fuerza política sin intervención estatal. Según el Ejecutivo, la medida apunta a reducir el gasto público y fortalecer la autonomía de los partidos.
La propuesta también redefine los requisitos para la constitución de partidos políticos. Se exigirá un mínimo de 50 electores fundadores por distrito y el cumplimiento de condiciones formales como acta de fundación, carta orgánica, autoridades designadas y domicilio legal. Además, deberán reunir afiliados equivalentes al 0,5 % del padrón en un plazo determinado y acreditar presencia en al menos diez distritos para obtener reconocimiento nacional.
El control quedará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, con facultades para solicitar la caducidad de los partidos en casos de inactividad electoral, incumplimientos legales o falta de representatividad.
Ficha Limpia y condiciones para candidaturas
El proyecto incorpora la figura de Ficha Limpia, que impedirá ser candidato o ejercer cargos partidarios a quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos, violaciones graves a los derechos humanos o crímenes de guerra. El registro correspondiente estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral.
Asimismo, se exigirán avales ciudadanos para oficializar candidaturas, se prohibirá la doble postulación y se establecerá la obligatoriedad de listas con alternancia de género.
Boleta única y regulación de campaña
Entre las reformas previstas se incluye la implementación de la boleta única en papel para todos los cargos nacionales, con posibilidad de voto por lista completa. También se fijan nuevos plazos para la campaña electoral: comenzará 60 días antes de los comicios y finalizará 48 horas previas.
El proyecto contempla sanciones para quienes incumplan las normas, que van desde multas económicas hasta la suspensión del financiamiento público por varios años. Además, se prohíben actos de inauguración de obras públicas y anuncios oficiales durante los 25 días previos a la elección.
Financiamiento bajo nuevas reglas
La iniciativa establece cambios en el financiamiento de los partidos políticos, limitando los aportes estatales a las fuerzas reconocidas y prohibiendo donaciones anónimas, de empresas concesionarias, sindicatos, extranjeros o personas con antecedentes penales graves.
El esquema de distribución del financiamiento público prevé un 20 % en partes iguales y el 80 % restante según los resultados electorales previos. También se fija un tope del 35 % para aportes individuales y se exige mayor transparencia en los gastos de campaña, incluyendo la publicidad en redes sociales.
Otros cambios y plazos de implementación
Entre otros puntos, el proyecto elimina la obligatoriedad del debate presidencial, restringe la contratación de servicios de extranjeros por parte de los partidos y suspende la elección directa de representantes al Parlamento del Mercosur hasta que exista un calendario electoral unificado en el bloque.
Finalmente, se establece como fecha límite el 30 de junio de 2027 para que las fuerzas políticas se adecúen a las nuevas disposiciones. La iniciativa abre ahora un escenario de debate legislativo que requerirá acuerdos con las provincias para su eventual aprobación.