En una nueva decisión enmarcada en su política de reforma del sector público, el Gobierno nacional anunció la eliminación del asueto correspondiente al Día del Trabajador del Estado, que se celebra cada 27 de junio. La medida será oficializada mediante un decreto presidencial que, según se informó, será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial.
El anuncio fue realizado este martes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Allí, el funcionario cuestionó la existencia de beneficios que —a su juicio— representan “privilegios” dentro del empleo público y remarcó el enfoque del Ejecutivo en reducir lo que definió como una “cultura estatista”.
“El Presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público”, expresó Adorni. Y agregó: “El Estado no es un lugar en el que debe ser posible tomarse un día sabático, ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece, teniendo en cuenta que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país”.
La conferencia tuvo lugar horas antes de una movilización frente al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, donde distintas organizaciones y gremios reclamaron por el achicamiento del Estado y los recortes presupuestarios impulsados desde el Ejecutivo.
Adorni justificó la decisión como parte del nuevo paradigma que busca instalar el Gobierno: “Trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia. Esta medida va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este Gobierno, que está para allanar el camino de libertad a los argentinos, no para entorpecerlo”.
Finalmente, sentenció: “La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado es cosa del pasado”.
La medida generó reacciones en diversos sectores sindicales, que anticipan una posible escalada en los reclamos por lo que consideran una “desvalorización del empleo público” y un ataque a los derechos adquiridos de los trabajadores del Estado.