El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia formal contra el ex embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, por el delito de traición a la patria, tras su intervención no autorizada en el caso de Nahuel Agustín Gallo, un gendarme argentino secuestrado en Venezuela. Según el gobierno, las acciones de Laborde socavaron los esfuerzos diplomáticos para asegurar la liberación de Gallo y perjudicaron los intereses nacionales.
La denuncia, presentada ante la Justicia Federal, sostiene que Laborde actuó en contra de los intereses de Argentina al intervenir en el caso de Gallo, quien fue detenido por la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello el 8 de diciembre de 2024, tras cruzar la frontera venezolana con el objetivo de visitar a su familia. El Ministerio de Seguridad acusó al ex embajador de haber validado las acusaciones del régimen venezolano, que lo acusaba de espionaje, sin contar con pruebas, y de haber intentado justificar su detención bajo la premisa de un ingreso ilegal al país.
Una intervención no autorizada
Oscar Laborde, quien fue designado embajador en Venezuela durante el gobierno de Alberto Fernández, inició gestiones no oficiales ante el régimen de Maduro en un intento por interceder en el caso de Gallo. El Ministerio de Seguridad de la Nación lo acusó de actuar sin la autorización de las autoridades argentinas, contactando a la familia del gendarme para entregar una carta al detenido, en colaboración con altos funcionarios del gobierno venezolano.
La denuncia apunta a que Laborde avaló las acusaciones de espionaje del régimen chavista, en lugar de apoyar los esfuerzos diplomáticos de la Argentina para asegurar la libertad de Gallo. En este sentido, el gobierno argentino considera que la conducta de Laborde perjudicó directamente las gestiones diplomáticas que se venían realizando a través de la Cancillería y otros organismos internacionales, como la ONU y la OEA, para obtener información sobre el paradero de Gallo.
Un caso de desaparición forzada
El caso de Nahuel Gallo, cabo primero de Gendarmería, comenzó cuando viajó a Venezuela con los permisos correspondientes para visitar a su esposa y su hijo. Sin embargo, tras cruzar el puente internacional Simón Bolívar desde Colombia, fue detenido por las autoridades venezolanas, quienes le confiscaron sus pertenencias y lo trasladaron en un vehículo sin identificación. Desde entonces, su paradero ha sido incierto, y las autoridades venezolanas no han proporcionado información oficial sobre las condiciones de su detención ni el proceso judicial en su contra.
En respuesta a la falta de información, el gobierno argentino presentó una acción de habeas corpus ante la Justicia, aunque inicialmente un juez federal rechazó la solicitud debido a la falta de jurisdicción. Sin embargo, la Cámara Federal de Mendoza revocó esa decisión, invocando el principio de jurisdicción universal para investigar crímenes graves como la desaparición forzada de personas, independientemente del lugar donde ocurran.
La denuncia penal contra Laborde
El Ministerio de Seguridad fundamenta su denuncia en el artículo 214 del Código Penal argentino, que tipifica el delito de traición a la patria. Este tipo de acusación no requiere un estado de guerra declarado, sino que se aplica a aquellos actos que atentan contra los intereses nacionales y comprometen la soberanía del Estado.
En su denuncia, el Ministerio de Seguridad sostiene que la intervención de Laborde, lejos de ser una acción humanitaria, buscó desacreditar al gobierno argentino y justificar la detención arbitraria de Gallo. Además, se argumenta que la actuación del ex embajador benefició al régimen de Maduro, al tiempo que debilitó la posición diplomática argentina, lo que constituye una grave violación de los principios de lealtad y fidelidad hacia la Nación.
El caso también subraya la compleja situación política y diplomática entre Argentina y Venezuela, marcada por tensiones internas y la creciente influencia de los gobiernos de izquierda en América Latina.
El futuro del caso
A medida que avanza la denuncia contra Laborde, las autoridades judiciales argentinas deberán determinar si el ex embajador incurrió en el delito de traición a la patria. Mientras tanto, la Cancillería continúa gestionando, a través de la Embajada de Brasil en Caracas, las acciones diplomáticas para esclarecer la situación de Gallo y obtener su liberación.
La denuncia contra Laborde se suma a la creciente polémica en torno a la política exterior de Argentina, marcada por las relaciones con Venezuela, Cuba y otros regímenes de izquierda, y las tensiones internas en el marco de la política doméstica.
El gobierno argentino sigue exigiendo respuestas del régimen de Maduro, mientras la comunidad internacional observa con atención el desenlace de este conflicto, que involucra tanto a los derechos humanos como a la soberanía nacional. Infobae