A más de dos meses del inicio de la controversia, el Gobierno nacional continúa intentando cerrar el capítulo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, los recientes avances en la causa volvieron a colocar el tema en el centro de la escena política y mediática, dificultando los esfuerzos oficiales por retomar el control de la agenda.
La reactivación del caso se produjo tras la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró haber recibido 245 mil dólares en efectivo por refacciones realizadas en una propiedad de la familia del funcionario. Según su testimonio, el contacto previo con Adorni antes de su declaración también formó parte de los hechos expuestos ante la Justicia.
Desde el entorno del jefe de Gabinete, asesorado por el abogado Matías Ledesma, rechazaron de plano las acusaciones y cuestionaron los montos mencionados. En ese marco, anticiparon que solicitarán una pericia técnica para verificar los costos reales de las obras. “Cualquiera que conozca la propiedad sabe que esos valores no se condicen con la realidad”, sostienen cerca del funcionario.
Además, atribuyeron la falta de documentación respaldatoria a una presunta irregularidad del profesional a cargo de la obra, quien —según indicaron— no habría entregado las facturas correspondientes. Desde el oficialismo advierten que, en caso de detectarse inconsistencias en las declaraciones, avanzarán con las denuncias pertinentes.
Pese a los intentos por relativizar el impacto del caso, en el oficialismo conviven distintas miradas. Algunos sectores confían en una pronta resolución judicial que podría fortalecer la posición de Adorni, mientras que otros reconocen en privado el desgaste que genera la necesidad de responder constantemente a nuevas derivaciones del expediente.
“El tema se estira y condiciona la dinámica diaria”, admiten voces cercanas al Gobierno, que descartan de plano una eventual salida del funcionario al considerar que implicaría ceder ante presiones externas.
El respaldo interno se mantiene firme tras el alineamiento dispuesto por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes sostienen una estrategia de blindaje político hacia el gabinete.
En paralelo, la administración nacional intenta recuperar iniciativa. Mientras Karina Milei avanza en la articulación legislativa con diputados de La Libertad Avanza, el ministro de Economía, Luis Caputo, acompaña la agenda internacional del mandatario. A su vez, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó el diálogo con gobernadores en busca de sostener la gobernabilidad.
En este contexto, Adorni también procura recomponer su perfil público. Tras su informe de gestión en el Congreso, moderó el tono en sus intervenciones y prometió normalizar las conferencias de prensa, ampliando incluso la participación de los periodistas acreditados.
No obstante, en la Casa Rosada reconocen que mientras la causa judicial siga activa, cualquier intento por desplazar el foco mediático será parcial. La evolución del expediente y las futuras pericias serán determinantes para definir si el Gobierno logra finalmente dejar atrás una polémica que, por ahora, continúa condicionando su gestión.