La Cámara de Diputados aprobó recientemente un proyecto de ley que declara a la educación como “Servicio Estratégico Esencial”, con el objetivo de asegurar la continuidad del ciclo lectivo y minimizar el impacto de las huelgas docentes en la enseñanza. La iniciativa, que ahora será revisada por el Senado, recibió 131 votos a favor, 95 en contra y dos abstenciones.
El proyecto, respaldado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y varios bloques aliados del oficialismo, establece que el Estado nacional y las provincias deben garantizar el funcionamiento de las escuelas durante paros o huelgas, mediante la implementación de guardias mínimas obligatorias. En caso de huelgas de uno a dos días, se requerirá una guardia mínima del 30% del personal. Para huelgas más prolongadas, la guardia deberá ser del 50%.
El presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, destacó que la ley busca equilibrar el derecho a la educación con el derecho a huelga. “Este proyecto coloca a los alumnos en el centro del debate educativo y pretende que las escuelas continúen funcionando, incluso durante medidas de fuerza”, afirmó.
Por su parte, la diputada kirchnerista Blanca Osuna criticó la iniciativa, argumentando que solo regula el derecho a huelga y no aborda problemas más profundos, como la nutrición y el hambre en el país. En contraste, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, defendió el proyecto como una medida necesaria para priorizar el derecho a la educación y asegurar oportunidades equitativas para todos los estudiantes.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada Vanina Biasi cuestionó la constitucionalidad del proyecto y lo consideró una amenaza para el derecho a la protesta. En respuesta, el diputado radical Julio Cobos expresó su apoyo a la medida, subrayando la importancia de mantener el calendario académico.
La Coalición Cívica también se sumó al debate, destacando la importancia de la educación como un derecho fundamental que debe prevalecer en situaciones de conflicto. Maximiliano Ferraro subrayó que “la educación debe tener un rol central en la construcción de una sociedad equitativa”.
La propuesta genera un amplio espectro de opiniones, reflejando las tensiones entre garantizar el derecho a la educación y respetar los derechos de los trabajadores. La decisión final dependerá del Senado, que deberá ratificar o rechazar esta medida que promete tener un impacto significativo en el sistema educativo argentino. Agencia de Noticias NA y Primera Edición