El abogado Esteban Lozina sostuvo que impedir el pago en efectivo en los peajes de las rutas nacionales sería ilegal y reclamó que se garanticen alternativas para los conductores. En una entrevista con Nuestras Mañanas, también cuestionó las demoras que genera el sistema en los puestos de cobro de Santa Ana y Colonia Victoria, en Misiones.
La obligatoriedad de utilizar medios electrónicos para abonar el peaje y los inconvenientes que esta modalidad ocasiona a los automovilistas fueron los ejes de la conversación en Nuestras Mañanas. Durante la entrevista, Lozina advirtió que la medida podría vulnerar los derechos de los usuarios.
El abogado argumentó que los concesionarios de rutas nacionales no deberían exigir exclusivamente pagos digitales. En ese sentido, señaló que las billeteras virtuales y las tarjetas constituyen alternativas, pero consideró que no tendrían que ser las únicas opciones disponibles.
También remarcó que no todas las personas cuentan con un teléfono celular, una tarjeta de crédito o los recursos tecnológicos necesarios para utilizar estas plataformas. Por ello, defendió la posibilidad de que cada usuario pueda abonar el peaje con los medios de pago a su alcance.
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Reclamos por las demoras y el funcionamiento del sistema
El abogado también se refirió a los inconvenientes que genera la implementación de esta modalidad, especialmente cuando los conductores llegan al puesto de cobro sin saber que no pueden pagar en efectivo o se encuentran con dificultades de conexión.
En relación con las filas y las demoras registradas, cuestionó la organización del sistema y sostuvo que la empresa concesionaria debe garantizar un servicio que permita una circulación ágil. Asimismo, criticó tanto a quienes tienen a su cargo la explotación de las rutas como a los organismos responsables de otorgar las concesiones.
Lozina recordó que el cobro de peajes está vinculado a la prestación de servicios, como el mantenimiento de las rutas. En ese marco, planteó que el pago debe estar acompañado por condiciones adecuadas para los usuarios y advirtió que las dificultades operativas pueden afectar el ejercicio del derecho a circular.
El derecho a transitar y el rol de los organismos públicos
Durante la conversación, el entrevistado señaló que las rutas son bienes públicos y que su utilización está relacionada con otros derechos, como la posibilidad de trabajar, recibir atención médica o realizar actividades recreativas.
Por ello, consideró que las demoras y las restricciones en los medios de pago pueden generar obstáculos innecesarios para quienes necesitan desplazarse. También cuestionó la falta de pronunciamientos de las autoridades provinciales y de los representantes legislativos frente a esta situación.
Como alternativa, indicó que los ciudadanos pueden realizar presentaciones ante el organismo concedente y recurrir a Defensa del Consumidor para plantear sus reclamos. En ese sentido, insistió en la importancia de que las instituciones competentes intervengan para garantizar el respeto de los derechos de los usuarios.
¿Qué ocurre cuando hay demoras en el peaje?
Hacia el final de la entrevista, Lozina fue consultado sobre la posibilidad de que los automovilistas puedan pasar sin pagar cuando las filas superan determinados tiempos de espera.
Al respecto, mencionó que existieron disposiciones vinculadas con los límites de demora y la apertura de los pasos, aunque aclaró que no tenía certeza sobre la normativa vigente ni sobre el alcance de eventuales modificaciones.
Finalmente, sostuvo que el funcionamiento de los peajes no debería convertirse en un obstáculo para los conductores y reiteró que es necesario evitar complicaciones que afecten la circulación cotidiana.