En un recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner adelantó que, en caso de recibir un fallo adverso en la causa Vialidad, acudirá a organismos internacionales para impugnar su condena. Su defensa, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, analiza recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y eventualmente a Amnistía Internacional.
La exvicepresidenta enfrenta una condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por irregularidades en la adjudicación de obras viales al empresario Lázaro Báez, lo que, según la Justicia, generó un perjuicio superior a los $85.000 millones para el Estado.
Denuncia de violaciones a las garantías procesales
El planteo ante la CIDH se centrará en lo que la defensa de Kirchner considera «graves violaciones a las garantías convencionales» durante el proceso judicial. Según fuentes cercanas a la exmandataria, se argumentará que existió connivencia entre organismos estatales, como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), con los jueces y fiscales que la investigaron y juzgaron.
Asimismo, se denunciará que la Justicia desestimó pericias clave y que hubo una «errónea interpretación de la prueba», especialmente en la consideración del decreto 54/2009, al que se le atribuyeron irregularidades sin fundamentos sólidos, según su defensa.
La posibilidad de una pena mayor y su impacto en la estrategia legal
Actualmente, la fiscalía, encabezada por Diego Luciani y el fiscal ante la Cámara José Luis Agüeiro Villar, sostiene que se debe sumar el delito de asociación ilícita, lo que podría elevar la pena a 12 años. Si la Corte Suprema habilita el juzgamiento de este nuevo cargo, el proceso volvería a un tribunal oral, retrasando la ejecución de la condena inicial de seis años.
Cuestionamientos al juez García-Mansilla
En su presentación, la defensa también recusó al juez de la Corte Suprema Manuel García-Mansilla, designado por decreto por el gobierno de Javier Milei. Según el kirchnerismo, este nombramiento vulnera la Constitución Nacional, ya que el magistrado había manifestado en el Senado que no aceptaría una designación de este tipo. Además, se argumenta que las declaraciones recientes de Milei, en las que aseguró que Kirchner «terminará presa», afectan la imparcialidad del proceso.
Mientras la Corte analiza el recurso presentado, la exmandataria busca apoyo en instancias internacionales para frenar la posibilidad de una detención efectiva. La estrategia legal de su defensa se enfoca en demostrar que su condena estuvo influenciada por motivaciones políticas y violaciones a sus derechos fundamentales. TN