El Gobierno nacional ha intensificado las medidas de seguridad en puntos estratégicos del país, incluyendo aeropuertos, instituciones religiosas y culturales vinculadas a la comunidad judía, así como sedes de embajadas.
Esta decisión se produce luego del pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, que atribuyó el atentado contra la embajada de Israel en 1992 y el ataque a la AMIA en 1994 a un “designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán, ejecutados por Hezbollah.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, se aclaró que estas medidas se implementan por protocolo, sin que existan amenazas concretas hasta el momento. La ministra Patricia Bullrich se reunió con su equipo para abordar la posibilidad de potenciales ataques terroristas.
Se prestará especial atención a las embajadas de Estados Unidos e Israel, entre otros puntos sensibles.
El fallo de la Casación Penal consideró el ataque a la AMIA como un crimen de “lesa humanidad”, lo que podría llevar a Argentina a iniciar una demanda formal contra Irán. El pronunciamiento judicial, realizado por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma, resalta la importancia de la labor del fallecido fiscal Alberto Nisman, quien investigó la conexión de Irán con el atentado.
Mahiques destacó que Nisman continuó la investigación que señalaba a Irán y Hezbollah como responsables de los ataques, sugiriendo que si hubiera continuado, habría llegado a las mismas conclusiones que la Cámara. El juez explicó la conexión entre Irán y Hezbollah, así como las razones detrás de elegir a Argentina como blanco de los ataques.
El fallo también destaca la necesidad de mejorar la seguridad e inteligencia en el país para prevenir futuros atentados. Se hacen exhortaciones para replantear el concepto de seguridad nacional y evitar nuevas tragedias en territorio argentino.