El Gobierno vuelve a la carga en el Congreso con una versión “corta” de la Ley de Bases, enfocándose en ajustes fiscales cruciales que podrían redefinir la relación con los gobernadores y moldear el plan de déficit cero de Luis Caputo para este mandato.
El proyecto, que incluye modificaciones en varios impuestos, resurge tras el fracaso inicial en el debate legislativo. Entre las reformas propuestas destacan:
Blanqueo de Capitales:
Se establece un umbral de USD 100.000 por activo sin costo.
Para montos mayores, se aplicarán alícuotas progresivas del 5%, 10% y 15%, dependiendo del momento de adhesión al régimen.
Posibilidad de exención de costos si el dinero se deposita en una cuenta especial hasta el 1 de enero de 2026, con inversiones específicas.
Monotributo:
Se plantea una actualización de topes de facturación y cuotas, con aumentos de hasta un 330%.
Se unifican los topes para actividades comerciales y de servicios, con un límite anual de $68 millones.
Impuesto a los Bienes Personales:
Se premia la cumplimentación fiscal con reducciones de alícuotas para los años 2024, 2025 y 2026.
Se establece un esquema de pago anticipado del impuesto hasta 2027, con una alícuota reducida del 0,45% anual.
Impuesto a los Ingresos Personales (antes Ganancias):
Se fija un nuevo umbral de $1.800.000 para trabajadores solteros y $2.300.000 para casados con dos hijos.
Las escalas de alícuotas serán más progresivas, con una tasa máxima del 35%.
Estos cambios buscan no solo ampliar la base imponible, sino también facilitar la regularización fiscal y promover la bancarización de capitales extranjeros. El éxito de estas medidas podría definir no solo el rumbo económico del país, sino también la dinámica política entre el Gobierno y las provincias en los próximos años.