El concejal e ingeniero civil Héctor Cardozo explicó los principales cambios propuestos al histórico marco normativo urbano que data de 1980. Se abre un período de discusión pública para que vecinos y profesionales puedan participar.
El Honorable Concejo Deliberante de Posadas avanza en el tratamiento y difusión del nuevo proyecto de Código de Edificación Urbana, una normativa clave para ordenar el crecimiento edilicio de la ciudad, en reemplazo del actual código vigente desde 1980. En diálogo con el programa Nuestras Mañanas de Radio Tupambaé, el concejal Héctor Cardozo (Frente Renovador), ingeniero civil de profesión, brindó detalles sobre el proceso de actualización y los principales ejes del nuevo instrumento legal.
“El código vigente fue sancionado en 1980. La ciudad cambió muchísimo desde entonces: aparecieron nuevas centralidades urbanas, se densificó el microcentro y surgieron nuevos desafíos constructivos y ambientales”, explicó Cardozo. “Hoy tenemos más de 500 edificios en la ciudad y más del 60% no cuenta con final de obra”, añadió.
Una normativa adaptada a las necesidades actuales
El nuevo Código de Edificación busca agilizar los trámites para construcciones de baja complejidad, establecer estándares de sustentabilidad, mejorar la gestión de residuos y promover una mayor responsabilidad profesional.
“Uno de los grandes cambios es que ya no se tratará de igual manera un expediente para construir un quincho que uno para levantar un edificio de diez pisos. Se prevé una tramitación exprés para viviendas unifamiliares, ampliaciones menores o locales comerciales pequeños”, detalló el edil.
Además, el nuevo código incorpora herramientas digitales para transparentar y agilizar los procesos. “Cada paso del expediente será notificado por correo electrónico tanto al profesional como al propietario. Esto busca terminar con la queja habitual de trámites trabados por falta de comunicación”, sostuvo.
Garantías, ética profesional y derechos del propietario
Cardozo subrayó la importancia del final de obra, no solo para formalizar el inmueble y permitir su escrituración, sino también para poner en marcha las garantías legales. “Un edificio sin final de obra no puede ser escriturado ni transferido legalmente. Además, el profesional que no lo cierra mantiene responsabilidades civiles y penales de forma indefinida”, explicó.
El nuevo código también hace hincapié en la ética profesional y en la necesidad de actuar con responsabilidad en cada obra. “Una cosa es una ampliación en una casa familiar; otra es derribar una propiedad patrimonial para levantar un edificio de veinte pisos. La normativa apunta a evitar estos abusos”, puntualizó.
Más sustentabilidad, mejor gestión urbana
Uno de los aspectos destacados del nuevo código es la incorporación de criterios de sustentabilidad. Desde la gestión de residuos en grandes edificios hasta el etiquetado energético obligatorio de las viviendas, la norma apunta a un desarrollo más eficiente y responsable.
“Un edificio de 20 pisos genera alrededor de 100 kilos de residuos por día. Antes no estaba contemplado qué hacer con eso. Hoy se plantea desde la planificación: contenedores, puntos limpios, accesibilidad para camiones recolectores, entre otros aspectos”, comentó Cardozo. También destacó la importancia de contemplar sistemas constructivos que reduzcan el consumo energético.
Espacio para la participación ciudadana
El proyecto fue presentado en el mes de mayo y está atravesando una instancia de revisión en comisiones. Durante todo julio se llevarán adelante charlas, reuniones y espacios de consulta pública para que vecinos, profesionales e instituciones puedan acceder al texto y opinar.
“El código no puede salir solo desde una oficina. Los reglamentos urbanos son construcciones culturales: deben tener legitimidad social. Por eso estamos yendo a colegios, instituciones, hablando con vecinos y compartiendo el proyecto por todos los canales posibles”, expresó el concejal.
Cardozo informó que cualquier ciudadano puede solicitar una copia del proyecto en el Concejo o a través de las redes sociales. El objetivo es que durante agosto se lleve adelante el tratamiento legislativo y, si se aprueba, pase al Ejecutivo municipal para su implementación, posiblemente a comienzos de 2026.