La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Tierra del Fuego inició el miércoles al mediodía un paro total e indefinido en las ciudades de Río Grande y Ushuaia, como respuesta a las medidas del gobierno nacional que ponen en riesgo más de 6.000 empleos del sector electrónico. La protesta se desató tras el anuncio de la eliminación gradual de los aranceles a la importación de celulares, medida que impacta de lleno en el corazón del modelo industrial fueguino.
El conflicto se profundizó con las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien propuso que la provincia abandone su perfil industrial para transformarse en “un parque de diversiones de nivel mundial”. Las palabras del funcionario generaron un fuerte repudio tanto del arco político local como de los trabajadores, que calificaron el planteo como una burla a las familias que dependen de la industria electrónica.
“Defendemos la industria fueguina, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia”, expresó el Congreso de Delegados de la UOM en un comunicado.
Además del cese de actividades, la UOM convocó a una movilización en el centro de Río Grande, ciudad donde se concentran las principales fábricas del sector. A diferencia de Ushuaia —de perfil predominantemente turístico— Río Grande sostiene buena parte del empleo industrial de la provincia.
El martes, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado que los aranceles a la importación de teléfonos celulares serían eliminados en dos etapas, con la promesa de una baja en los precios al consumidor. A la defensiva, Sturzenegger justificó la medida asegurando que si bien se perderán empleos en la isla, “el dinero extra en el bolsillo de los consumidores generará más puestos de trabajo en otras áreas”.
“El ensamblaje es una actividad poco intensiva en mano de obra. Tierra del Fuego podría ser mucho más que Nueva Zelanda, debería convertirse en una puerta al turismo antártico, con navegación, trekking, glaciares y esquí en contratemporada”, opinó el ministro, desestimando décadas de desarrollo industrial.
El gobernador Gustavo Melella no tardó en responder con dureza. En declaraciones radiales, calificó a Sturzenegger como “un tremendo atorrante” y agregó: “Les pido a los de su partido que le expliquen que no somos eso. ¿Tiene que haber una sola actividad productiva? No conocen la provincia”.
Luis Galli, CEO de Newsan —una de las empresas más importantes del polo electrónico—, también advirtió sobre el peligro que implica el nuevo escenario: “El empresario se adapta, fabricamos o importamos según las reglas. Pero el problema es toda esa gente que está trabajando. Las consecuencias serán muy altas para la provincia”.
Según datos del sector, la industria electrónica representa cerca del 35% del Producto Bruto de la ciudad de Ushuaia, y es una de las principales fuentes de empleo en la isla.
Por su parte, la senadora Cristina López (PJ) declaró: “La motosierra de Milei pone en riesgo los empleos de la industria fueguina; esta medida va a provocar desempleo, desinversión y un devastador impacto social. Vamos a defender el trabajo fueguino. Detrás de cada fábrica hay una familia, un sueño y un futuro”.
Desde el gobierno provincial atribuyen la decisión a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de los compromisos asumidos por la administración nacional. Mientras tanto, la tensión crece en el sur del país, donde los trabajadores resisten con fuerza una medida que amenaza con desmantelar uno de los últimos bastiones del desarrollo industrial argentino.