La tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo se agudizó luego de que el Senado de la Nación aprobara este miércoles, por una contundente mayoría, tres iniciativas clave: el aumento de las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. Las normas ya contaban con media sanción de Diputados, por lo que quedaron convertidas en ley. Sin embargo, el presidente Javier Milei adelantó que las vetará y, en caso de que el Congreso insista, llevará el tema a la Justicia.
La sesión del Senado tuvo 52 votos afirmativos, 5 abstenciones y 16 ausencias, lo que complica la estrategia del Gobierno para desconocer su validez. No obstante, desde el oficialismo aseguran que el procedimiento fue irregular y ya trabajan para evitar que la Cámara baja rechace el veto presidencial.
“Vamos a vetar. Y si el Congreso no lo respeta, vamos a judicializar. Incluso si la Justicia actuara con rapidez, el daño sería mínimo”, expresó Milei en la Bolsa de Comercio, reafirmando su compromiso con el equilibrio fiscal. Según estimaciones oficiales, el impacto fiscal de las tres leyes equivaldría a dos puntos del PBI.
Con el antecedente de septiembre de 2024, cuando el Gobierno logró sostener un veto a un aumento del 8,2% a las jubilaciones gracias a 87 votos, ahora el oficialismo vuelve a apostar por esa estrategia. En esa ocasión, la maniobra fue posible gracias al apoyo del PRO, un grupo de radicales disidentes conocidos como “los radicales con peluca” y bloques provinciales como Producción y Trabajo e Innovación Federal.
Desde el entorno de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, aseguran estar “prudentemente optimistas”. La meta es clara: conseguir al menos 86 votos para impedir que se revoque el veto presidencial. Mientras tanto, la oposición necesita alcanzar los dos tercios de ambas cámaras —es decir, 172 votos en Diputados— para insistir con la ley original.
No obstante, el escenario político presenta cambios respecto al año pasado. Algunos aliados del oficialismo mostraron señales de distanciamiento. Es el caso de diputados del bloque Producción y Trabajo, vinculados al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, y representantes de Tucumán cercanos a Osvaldo Jaldo, quienes en esta ocasión votaron a favor del incremento previsional.
En paralelo, el oficialismo confía en que el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en la provincia de Buenos Aires logre alinear a la decena de diputados macristas que anteriormente se abstuvieron, como María Eugenia Vidal y otros cercanos a Mauricio Macri. “Ahora con el acuerdo en Buenos Aires deberían acompañar”, apuntaron desde el bloque libertario.
El juego de equilibrios también incluye el clásico “toma y daca” con gobernadores. Aunque algunos mandatarios provinciales criticaron los recortes presupuestarios, en el Gobierno minimizan el impacto de esas tensiones y aseguran que muchas de esas diferencias no se trasladarán a la votación en Diputados.
La situación es seguida de cerca por legisladores como Martín Arjol, quien fue desplazado del acuerdo electoral de LLA en Misiones y compitió por fuera, o Mariano Campero, sin un pacto cerrado en Tucumán. Ambos votaron a favor del aumento del financiamiento universitario semanas atrás, pero en el último plenario de comisión se diferenciaron del peronismo y presentaron un dictamen propio, alineado con el equilibrio fiscal.
Por el momento, el oficialismo da por descontado que el veto se aplicará. En tanto, la definición en Diputados no se trataría antes de que finalicen las vacaciones de invierno. La disputa por los haberes jubilatorios reabre así una puja política central que pone a prueba nuevamente los respaldos legislativos del Presidente.