La presidente del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, Lic. Tatiana Antúnez, valoró el reciente fallo de la Justicia Federal que ratifica la medida cautelar en favor de los beneficiarios misioneros de pensiones no contributivas (PNC), tras los incumplimientos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la restitución de los pagos.
En diálogo con Nuestras Mañanas, Antúnez explicó que la decisión judicial representa “un alivio para las familias y un respaldo fundamental”, ya que permite garantizar derechos que, sin la intervención de la justicia, “no estaban siendo respetados”.
“La Justicia Federal vino a rectificar la medida cautelar, entendiendo que hay un reclamo justo de fondo. Estas son personas que dependen de su pensión para acceder a medicación y mejorar su calidad de vida”, sostuvo la funcionaria provincial.
Según detalló, la resolución establece un plazo perentorio de 48 horas para que la ANDIS restituya los haberes suspendidos en Misiones. Sin embargo, el organismo nacional apeló la medida y no cumplió con los plazos fijados, motivo por el cual el Consejo Provincial solicitará ahora la aplicación de multas por incumplimiento.
“Hoy estamos iniciando el reclamo formal para que se apliquen sanciones a la ANDIS. La Justicia ordenó el pago inmediato, y no se ha cumplido. Esto no puede seguir dilatándose”, advirtió Antúnez.
Escuchá a la presidente del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, Lic. Tatiana Antúnez, en Radio Tupambaé:
Medidas colectivas y reclamos en curso
La funcionaria recordó que Misiones presentó dos demandas judiciales: una colectiva ante la Corte Suprema de Justicia y otra con casos particulares que requerían una respuesta urgente. En paralelo, se aguarda la aplicación de una medida cautelar colectiva dictada por un juzgado federal de Catamarca, que podría tener alcance nacional y beneficiar a pensionados de todas las provincias.
Antúnez señaló que en un primer listado enviado por la ANDIS no figuraban numerosos casos misioneros, aunque en un segundo envío “sí se incorporaron beneficiarios de la provincia que habían visto suspendidas sus pensiones”.
No obstante, advirtió sobre la falta de transparencia en la información oficial: “Hoy acceder a datos actualizados es muy difícil. La Agencia Nacional no brinda información ni siquiera a las instituciones, lo que vulnera el derecho al acceso a la información pública y complica nuestra tarea cotidiana”.
Auditorías con fallas y mirada médica restrictiva
La titular del Consejo Provincial cuestionó además la metodología de las auditorías nacionales, señalando que fueron “mal realizadas y con errores que incluso podrían configurar delitos”. Explicó que muchos beneficiarios fueron dados de baja sin un debido proceso administrativo, y que actualmente la evaluación de la discapacidad se realiza “desde una mirada médica y no desde el modelo social e integral de derechos humanos”.
“Hoy la Agencia adopta una perspectiva médica y de rehabilitación. Solo se reconoce la discapacidad cuando hay una condición extrema, lo que genera recortes y exclusiones”, afirmó.
Expectativa hacia diciembre
Antúnez expresó su esperanza de que antes de fin de año se restablezcan la mayoría de las pensiones, lo que traerá alivio a muchas familias: “Diciembre es una época sensible, y las familias necesitan estabilidad. Esperamos que esta decisión judicial permita finalmente restituir los haberes y cerrar un año muy difícil para todos”.
La funcionaria confirmó que seguirán agotando todas las instancias de reclamo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y reiteró que el fallo federal “es el espaldarazo que necesitaban los pensionados para volver a reclamar lo que les corresponde”.