Un informe reciente presentado por Unicef revela una situación alarmante: siete de cada diez niños en Argentina viven en condiciones de pobreza. Con aproximadamente 8,6 millones de menores de 18 años afectados, este dato refleja una realidad preocupante en la que muchos hogares no alcanzan el umbral mínimo de ingresos económicos o donde se ven privados de sus derechos fundamentales.
Los datos recopilados para el segundo semestre del 2023 muestran que la pobreza infantil se manifiesta en dos dimensiones principales: el 57,5% de los niños experimentan pobreza por recursos económicos, mientras que el 43% enfrenta pobreza por la privación de derechos básicos como la educación y la salud. Alarmantemente, un 31% de los menores sufren ambas formas de pobreza simultáneamente, lo que afecta a 3,8 millones de niños en el país.
Sebastián Waisgrais, economista especialista en Inclusión Social y Monitoreo en Unicef Argentina, subrayó el impacto del deterioro macroeconómico en el aumento de la pobreza y la indigencia. «La canasta básica aumenta en mayor proporción que los índices de inflación general y que los salarios», señaló, destacando la urgencia de tomar medidas para proteger los ingresos familiares y mejorar la cobertura de las prestaciones sociales.
En el último semestre del 2023, la indigencia infantil registró un aumento del 5%, alcanzando el 19,4%. «Es la primera vez que vemos un incremento estadístico muy importante en la indigencia», advirtió Waisgrais, señalando que esto implica que 643.000 niños más cayeron en la indigencia en ese período.
Los datos revelan disparidades significativas según la ubicación geográfica, el género y el nivel educativo. Por ejemplo, la pobreza infantil en barrios populares alcanza el 84%, y existe una brecha del 63% entre niñas y un 50,8% entre niños. Asimismo, la pobreza afecta de manera desproporcionada a hogares con bajo nivel educativo (83%), hogares monomarentales (68%) y aquellos que residen en barrios populares (84%).
Waisgrais enfatizó la importancia de mantener y fortalecer las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de protección de ingresos familiares. «Si bien ha habido señales positivas en este sentido, es clave maximizar los esfuerzos para mejorar la cobertura y suficiencia de las prestaciones», concluyó.