El juez y especialista en Derecho Laboral, Dr. Manuel Silva Dico, en su entrevista en Radio Tupambaé desarmó los mitos sobre la «industria del juicio» y analizó punto por punto por qué la reciente reforma laboral podría significar un retroceso de un siglo en materia de derechos.
En el programa «Mesa de diálogo» transmitido el sábado 14 de marzo, el Dr. Silva Dico expuso que uno de los argumentos para impulsar la reforma ha sido la supuesta proliferación de litigios que asfixian a las Pymes. Sin embargo, sostiene que esta narrativa carece de sustento fáctico. «En ciudades como Posadas hay empresas que prácticamente no tienen juicios porque cumplen con la normativa», sentenció el juez, para luego añadir de forma tajante: «La llamada ‘industria del juicio’ no existe como tal, sino que es una versión difundida para justificar modificaciones a las leyes laborales».
Según el especialista, las estadísticas no mienten: los ingresos de procesos laborales no han aumentado e incluso mostraron una tendencia a la baja a principios de año. El problema, sugiere, no es el juicio en sí, sino el incumplimiento previo de la ley.
El Dr. Silva Dico puso especial énfasis en cómo la crisis económica y la inflación desnaturalizan las indemnizaciones. Explicó que el sistema judicial debe garantizar que el crédito del trabajador no pierda valor con el tiempo. «Debe mantenerse ‘indemne’ el crédito del trabajador», afirmó, utilizando una analogía clara: si un trabajador despedido en 2020 podía comprar un auto con su indemnización, al cobrarla años después, tras un largo proceso judicial, debería poder comprar el mismo bien.
Sin embargo, la nueva ley introduce una trampa procesal que ya está siendo cuestionada en los tribunales. Al establecer un sistema de actualización para juicios nuevos (IPC + 3%) y otro mucho más bajo para los que ya están en trámite (tasa pasiva), se genera una desigualdad ante la ley. «La Cámara de Córdoba declaró inconstitucional esta distinción por ser discriminatoria hacia los trabajadores con juicios ya iniciados», recordó el magistrado, señalando que aplicar la tasa pasiva es, en la práctica, licuar la deuda del empleador a costa del bolsillo del empleado.
De la «eficacia» a la arbitrariedad
Quizás uno de los puntos más alarmantes de su análisis fue el cambio semántico en las causales de despido. La reforma sustituye el concepto de «rendimiento» por el de «eficacia», un cambio que, según Silva Dico, abre la puerta al fraude laboral.
«El empleador puede manipular las condiciones, como no dar herramientas o tareas, para luego argumentar falta de eficacia y despedir con causa», advirtió. Bajo esta nueva lógica, el trabajador queda a merced de una evaluación subjetiva del empleador, quien podría fabricar una causa de despido para evitar el pago de indemnizaciones, rompiendo el equilibrio de la relación laboral.
Frente a las quejas empresariales por los altos costos de contratación, el docente universitario fue contundente al identificar al verdadero responsable. Para él, no es el salario del trabajador lo que asfixia a la producción, sino la voracidad fiscal. «El costo laboral real es responsabilidad del Estado por las altas cargas impositivas y previsionales que cobra a los empleadores, y no por el salario del trabajador», explicó.
En este sentido, criticó que la reforma intente «hacer competitiva» a la economía quitando derechos en lugar de reducir la presión impositiva. Alertó también sobre el peligro de querer imitar modelos de países asiáticos que no respetan los estándares internacionales. «No se puede competir con países como China o India porque ellos no integran la OIT ni respetan los convenios internacionales que Argentina sí suscribe», como es el caso de la jornada limitada de 48 horas semanales.
Un retroceso al siglo XIX
Al cerrar la entrevista, el Dr. Silva Dico dejó una reflexión sobre el rumbo de estas políticas. Calificó la reforma como «regresiva y orientada a la desprotección y explotación del trabajador». Criticó la extensión del período de prueba a seis meses, señalando que un empleador idóneo nota la capacidad de un operario en pocos días, y que plazos tan largos solo fomentan la precarización.
Finalmente, hizo un llamado a recuperar el concepto de Justicia Social, no como un eslogan político, sino como un principio de dignidad humana. «El Estado debe cumplir su rol de protección para no retroceder a relaciones laborales del siglo XIX», concluyó, dejando en claro que el progreso de una nación no puede construirse sobre el desamparo de quienes producen su riqueza.