Mendoza, Corrientes y Buenos Aires registraron muertes de efectivos en una misma semana; el Gobierno activa protocolos de salud mental y acompañamiento.
Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Ejército Argentino, murió el jueves por la tarde en su domicilio en Mendoza tras dispararse con un arma que, según las primeras informaciones, pertenecía a su padre, quien trabaja en el sistema penitenciario. La Policía Científica provincial y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras investigan las circunstancias del hecho.
Lima estaba bajo licencia psiquiátrica, renovada cada quince días desde hacía aproximadamente un mes y medio. Ese mismo día, la oficial médica del Liceo Militar General Espejo, donde prestaba servicios, se comunicó con él para conocer su estado de salud, aunque no se difundieron detalles de la conversación ni de eventuales evaluaciones posteriores.
Su pareja, la soldado voluntaria Rocío González, también destinada en el Liceo Militar General Espejo, denunció violencia por parte de Lima ante el punto focal de género del instituto. Según fuentes militares, se activaron los protocolos correspondientes, sin que se informaran derivaciones judiciales inmediatas.
Este episodio es el tercero en la semana en el ámbito militar. El miércoles, el suboficial principal Juan Pereira, con más de 28 años de servicio, fue hallado muerto en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en Corrientes. La causa está a cargo del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, mientras que el Ejército implementó los protocolos administrativos y de acompañamiento habituales.
El primer caso ocurrió el martes en la Residencia Presidencial de Olivos, donde un efectivo asignado a tareas de seguridad fue hallado sin vida en un puesto interno. La investigación está en curso bajo la supervisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina.
Ante estos hechos, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, solicitó al Estado Mayor Conjunto la difusión de un video con especialistas dirigido a todo el personal civil y militar, para fortalecer la detección y gestión de situaciones de riesgo.
Hasta el momento, los tres casos continúan bajo investigación judicial y administrativa, sin conclusiones definitivas. Las Fuerzas Armadas reforzaron los mecanismos de prevención y asistencia en salud mental para su personal, mientras acompañan a las familias afectadas.