Bajo la consigna «Nuestra Patagonia arde», la Iglesia argentina logró traccionar la agenda oficial. El Gobierno nacional confirmó la firma de un DNU que declara la Emergencia Ígnea, respondiendo al pedido urgente de los obispos de «arremangarse» y disponer recursos inmediatos para frenar los incendios que ya consumieron 45.000 hectáreas.
El Episcopado había exigido postergar la determinación de responsabilidades políticas para priorizar el combate del fuego. Este posicionamiento actuó como catalizador para el reclamo que venían sosteniendo los gobernadores de Chubut, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, quienes solicitaban la declaración de zona de desastre.
En el marco de esta crisis, la provincia de Chubut ya recibió $4.000 millones mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Además, el Ministerio de Seguridad Nacional publicó la Resolución 91/2026, que libera una partida superior a los $100.000 millones para fortalecer el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.
Según el detalle oficial, cada una de las 1.062 organizaciones de bomberos recibirá aproximadamente $94,9 millones. El objetivo central es robustecer la capacidad de respuesta en el terreno, donde la magnitud de los focos ígneos ha superado los recursos logísticos locales.
