Los incrementos superan el 120% entre diciembre y mayo. El presidente Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel mantienen sus haberes sin cambios.
En los primeros meses de 2026, el Gobierno nacional puso fin al congelamiento salarial que regía para la alta conducción del Poder Ejecutivo y otorgó aumentos significativos a ministros, secretarios y subsecretarios. La decisión, formalizada mediante el DNU 931/2025, implicó subas que en algunos casos superan el 120% respecto de diciembre, aunque desde la Casa Rosada sostienen que continúan por debajo de la inflación acumulada.
El presidente Javier Milei resolvió en enero avanzar con la recomposición de haberes tras casi dos años sin actualizaciones. La medida alcanzó a la mayor parte del Gabinete, pero excluyó tanto al propio mandatario como a la vicepresidente Victoria Villarruel, cuyos sueldos permanecen congelados en $4.066.018 y $3.764.821, respectivamente.
Escala salarial en alza
Los ministros nacionales, que hasta diciembre percibían $3,5 millones en bruto, comenzaron a cobrar $7,1 millones en enero. La cifra continuó en aumento durante los meses siguientes: $7,2 millones en febrero y cerca de $7,9 millones en abril. Para mayo, los haberes alcanzarán los $8.020.866.
En línea con esta actualización, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, percibe un salario equivalente al de un ministro, según confirmaron fuentes oficiales.
Por su parte, los secretarios pasaron de $3,2 millones en diciembre a más de $6,5 millones en enero, con proyecciones cercanas a los $7,3 millones en mayo. En tanto, los subsecretarios, que cobraban $2,9 millones a fines de 2025, superan actualmente los $6,6 millones.
La comparación entre diciembre y mayo arroja incrementos del orden del 123%, mientras que el salto inicial —entre diciembre y enero— fue cercano al 100%.
Argumentos oficiales y contexto inflacionario
Desde el Ejecutivo justifican la medida en la necesidad de recomponer ingresos tras dos años sin ajustes y frente a una inflación acumulada que estiman en torno al 194% en ese período. Según indicaron, el objetivo es garantizar salarios “adecuados y competitivos” para evitar la salida de funcionarios hacia el sector privado.
El decreto sostiene que una estructura salarial acorde a las responsabilidades de gestión contribuye a fortalecer la institucionalidad, en un contexto donde el Gobierno reivindica el superávit fiscal como uno de sus principales logros.
Comparaciones y tensiones políticas
La suba salarial reavivó el debate político en torno a los ingresos de la dirigencia. Según datos de gremios estatales, el salario promedio en la administración pública nacional ronda los $1.200.000, con pisos cercanos a $600.000.
En el ámbito legislativo, los senadores percibían hasta marzo alrededor de $11,6 millones brutos, mientras que los diputados superaban los $7 millones. En la Justicia, un juez de la Corte Suprema registra un básico cercano a los $9,9 millones.
Muy por debajo de estos valores se ubica la remuneración promedio de los trabajadores registrados, que según el RIPTE alcanzó los $1.646.344 en enero de 2026.
Un giro en la política de austeridad
La decisión marca un cambio respecto del inicio de la gestión libertaria, cuando Milei impulsó el congelamiento de sueldos como parte de su discurso de ajuste sobre “la casta política”. Sin embargo, tras el triunfo legislativo de 2025 y ante reclamos internos por la pérdida de competitividad salarial, el Ejecutivo avanzó con la recomposición.
El tema, no obstante, se mantiene como un punto sensible en la agenda pública, en medio de cuestionamientos por investigaciones judiciales y debates sobre el nivel de ingresos de los funcionarios frente a la situación económica general.