Walter Daniel Olivera, subjefe de la Unidad Regional IV “Puerto Rico”, fue apartado de su cargo este martes por disposición de la Jefatura de la Policía de Misiones, luego de que se conocieran denuncias que lo vinculan con el presunto robo de mercadería incautada en procedimientos realizados por su personal.
Según fuentes oficiales, Olivera fue trasladado a funciones como supervisor vial mientras continúa la investigación a cargo del Juzgado Federal de Oberá, encabezado por Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga. La causa, conocida de manera exclusiva por este medio el lunes pasado, apunta al desvío de elementos decomisados durante operativos contra el contrabando, entre ellos cubiertas, cajas de cigarrillos y teléfonos celulares.
La investigación judicial se centra en presuntas irregularidades y actos ilegales que habrían sido ordenados o autorizados por Olivera, quien asumió como subjefe en diciembre de 2025. Las actas de secuestro de los bienes incautados se habrían confeccionado, pero nunca fueron remitidas al juez federal correspondiente, vulnerando la Ley 22.415 (Código Aduanero).
El desplazamiento de Olivera no implica que el jefe de la Unidad Regional IV, Rubén Eduardo García, exsubjefe trasladado desde Eldorado, quede fuera del alcance de la pesquisa. Ambos funcionarios reemplazaron a Gustavo Oliver Gallardo y Luis Alberto Barrios, respectivamente, y están bajo la lupa de una comisión de la Dirección de Asuntos Internos que inició un sumario para determinar responsabilidades por la desaparición de la mercadería y otras irregularidades de mayor gravedad.
En barrios costeros como Río y Sol, donde se detecta el ingreso de mercadería de contrabando, se registraron incidentes violentos contra patrullas de prevención, incluyendo disparos, lanzamiento de piedras y amenazas directas a los investigadores. Según denuncias reservadas de efectivos policiales, ciertos actores del contrabando habrían estado pagando un “canon” al subjefe para operar con sus cargamentos, incluyendo cigarrillos, neumáticos y teléfonos celulares.
Pese a la intervención de Asuntos Internos, la auditoría generó críticas entre voces del ámbito policial local, que la calificaron de superficial y cuestionaron la efectividad de las medidas tomadas hasta ahora, mientras la comunidad policial espera decisiones más contundentes que disipen el escándalo que se extiende en Puerto Rico.
Fuente: Primera Edición