La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países latinoamericanos del Mercosur, el pasado 17 de enero en Asunción (Paraguay), puso fin a más de veinte años de negociaciones. Pero el camino para la entrada en vigor del tratado —que pretende crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo entre la UE, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y que abarca a más de 700 millones de consumidores— vuelve a ser cuesta arriba. Ayer, miércoles 21 de enero, por una pequeña mayoría de votos, exactamente 10, el Parlamento Europeo decidió remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El órgano de la Unión, encargado de controlar el cumplimiento de las leyes, deberá evaluar si es realmente compatible con el derecho comunitario. La medida congela de hecho la posibilidad de una ratificación definitiva en el pleno antes de los largos plazos del tribunal luxemburgués.
Las dos posiciones
«La decisión del Parlamento Europeo sobre el acuerdo con Mercosur es lamentable», afirmó el canciller alemán Friedrich Merz, uno de los principales promotores del acuerdo, según quien retrasar la firma del acuerdo significa perder millones de dólares en exportaciones. Los opositores al recurso a la justicia de la UE han subrayado la necesidad de aplicar el acuerdo lo antes posible, sobre todo en un momento en que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con imponer nuevos aranceles a Europa. Francia, por su parte, encabeza el grupo de los que votaron a favor del aplazamiento. El acuerdo lleva años provocando numerosas protestas de los agricultores del país. Miles de ellos se manifiestan desde el martes frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde se celebró la sesión plenaria que bloqueó el acuerdo con el voto de los legisladores franceses de todas las tendencias políticas. «Francia asume la responsabilidad de decir no cuando es necesario», comentó el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot. Entre las razones esgrimidas por los opositores al Mercosur se encuentra el hecho de que este creará problemas a la agricultura europea, con productos importados más baratos que podrían no cumplir las normas de la UE debido a controles insuficientes.
El siguiente paso
Ahora queda por ver si el acuerdo podrá aprobarse de manera provisional, con el riesgo de que sea anulado tras el fallo del Tribunal de Justicia. La Comisión Europea tiene ahora dos opciones principales: aceptar las peticiones del Parlamento Europeo y esperar a que el Tribunal se pronuncie, aprovechando estos meses para negociar con los grupos políticos y los países más escépticos, o decidir ignorar al Parlamento y hacer que el acuerdo entre en vigor.
Por Vatican News