La convocatoria a un paro general de 24 horas para el jueves 19 de febrero volvió a encender las alertas en el entramado productivo argentino. La medida, que coincide con el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, proyecta un fuerte impacto sobre la actividad económica, con pérdidas que podrían ubicarse entre los USD 500 y USD 600 millones si se confirma la paralización total del transporte público.
El antecedente más cercano permite dimensionar el fenómeno. El 10 de abril de 2025, durante el último paro general, el costo económico fue estimado en USD 194 millones. En esa ocasión, el servicio de colectivos funcionó con normalidad, lo que amortiguó la caída de la actividad. Esa cifra representó apenas el 6,4% del Producto Bruto Interno (PBI) diario. Sin embargo, los modelos técnicos indicaron que, de haberse sumado el transporte a la huelga, la pérdida habría ascendido a USD 539 millones.
El Instituto de Economía de la UADE explicó que el cálculo del impacto no surge de dividir el PBI anual por los días del calendario. El análisis desagrega el comportamiento sector por sector y considera variables como la posibilidad de recuperar la producción en jornadas posteriores y, especialmente, la adhesión de los gremios del transporte.
Martín Álvarez, coordinador del instituto, sintetizó la lógica detrás de estas estimaciones: “Un paro general de estas características suele ubicarse entre los quinientos y seiscientos millones de dólares”. Según detalló, la variable decisiva es la movilidad: “El problema es cuando hay o no hay colectivos. Si no funcionan, la pérdida de actividad se dispara”.
Los datos históricos respaldan esa afirmación. El paro del 9 de mayo de 2024 —con transporte totalmente paralizado— implicó una merma estimada en USD 544 millones, equivalente al 24,3% del PBI de ese día. En contraste, cuando los colectivos operan con normalidad, el costo puede descender a la zona de los USD 200 millones, ya que muchos trabajadores logran sostener su jornada laboral.
La industria manufacturera y la construcción concentran buena parte del impacto negativo, debido a que su producción no siempre puede reprogramarse sin incurrir en mayores costos logísticos o energéticos. El comercio minorista también registra caídas inmediatas, aunque presenta mayor capacidad de recuperación en los días siguientes.
En este punto cobra relevancia el concepto de “recuperabilidad”, que mide cuánto de lo perdido puede compensarse posteriormente. En mayo de 2024, apenas se recuperó el 20,1% de la actividad afectada, lo que dejó un saldo profundo y persistente. En cambio, el paro de abril de 2025 mostró proyecciones de recuperación superiores al 60%. Algunos sectores, como hoteles y restaurantes, presentan un nivel de recuperabilidad nulo: el consumo que no se realiza en el momento se pierde definitivamente.
La administración pública, la enseñanza y los servicios de salud también suman horas de inactividad que repercuten tanto en la prestación de servicios como en la recaudación fiscal. En un contexto de fragilidad macroeconómica, cada jornada de paralización amplifica los efectos sobre la competitividad y las cuentas públicas.
Con la confirmación de la adhesión de los gremios del transporte, el escenario para el 19 de febrero se encamina hacia el rango más alto de impacto económico. De concretarse la interrupción total de la movilidad urbana, la economía argentina podría resignar cerca de USD 600 millones en apenas un día, replicando un patrón observado en los paros masivos de los últimos años.