La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), liderada por Miguel Blanco, se encuentra en la fase de preparación de un informe preliminar sobre la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), el cual se espera esté listo entre finales de noviembre y principios de diciembre. Esta auditoría, habilitada recientemente tras la derogación de una normativa anterior que restringía su ejecución, buscará examinar en profundidad los procesos administrativos de la principal casa de estudios del país.
Según información oficial, la auditoría comenzará en las tres facultades más significativas de la UBA: Derecho, Economía y Medicina. El análisis se enfocará en la trazabilidad de los fondos recibidos del Tesoro Nacional, así como en los convenios establecidos con ministerios y organismos del estado. «Verificaremos el destino de los fondos, asegurando que cada partida se utilice de acuerdo con su objetivo», indicaron desde la SIGEN.
El proceso de revisión implicará solicitar documentación relevante, que incluirá transferencias de fondos, rendiciones de cuentas y la lista de gastos corrientes y de capital. Particular atención se pondrá en el uso de «cajas chicas», que son recursos destinados a gastos excepcionales y que a menudo carecen de un control riguroso.
Las auditorías abarcarán el periodo desde 2023 hasta mediados de 2024, y un equipo de la SIGEN se trasladará a la UBA para recoger la documentación necesaria. Miguel Blanco también destacó que la supervisión es un mandato establecido en la Ley 24.156, que exige auditorías para todos los organismos que gestionan fondos públicos.
El contexto de esta auditoría no está exento de tensión, ya que las universidades han expresado su preocupación por los recortes presupuestarios del Gobierno, que han llevado a protestas y paros en diversas instituciones. A la vez, el Gobierno ha suspendido múltiples proyectos de mejora edilicia en universidades, lo que ha acentuado el conflicto entre las autoridades educativas y el Ejecutivo. TN