El Senado de la Nación puso bajo la lupa las prácticas de compensación salarial a empleados legislativos, con el objetivo de frenar posibles irregularidades y abusos detectados en las solicitudes de bonificaciones por estudios realizados.
La Secretaría Administrativa del Senado, dirigida por María Laura Izzo, ha rechazado en los últimos días múltiples solicitudes de empleados de la Cámara alta que buscaban obtener bonificaciones adicionales a sus sueldos basándose en estudios de grado. Estas irregularidades ponen de manifiesto presuntas violaciones a la ley de agentes legislativos y de Educación Superior, llegando incluso al extremo de encontrarse un caso donde un trabajador admitió no haber completado la educación secundaria.
En una de las resoluciones emitidas, específicamente la resolución 196/24, la Secretaría Administrativa informó que un empleado había presentado un certificado de estudios correspondiente a una Diplomatura en Gestión Legislativa, obtenida a través de un convenio entre el Senado y la Universidad Nacional de La Plata. El empleado solicitó una bonificación por título universitario o de estudios superiores, a pesar de no haber completado su educación secundaria. La argumentación se basaba en la Ley de Educación Superior, la cual permite a personas mayores de 25 años ingresar a estudios de grado en el nivel de educación superior. Sin embargo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos consideró que dicha ley no era aplicable en este caso y que el trabajador no cumplía con los requisitos para acceder a la bonificación solicitada.
Además, se han registrado casos similares donde empleados intentaron acumular bonificaciones por títulos obtenidos en diferentes disciplinas, sin que estas formaran una unidad de estudio según lo requerido por la normativa correspondiente. En estas situaciones, la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha recomendado desestimar las solicitudes de bonificación adicional.
Esta medida adoptada por la Secretaría Administrativa del Senado tiene como objetivo garantizar la transparencia y legalidad en el otorgamiento de bonificaciones a los empleados legislativos, asegurando que estas se concedan conforme a las disposiciones establecidas por la ley y sin incurrir en prácticas discriminatorias o injustas.