El Senado de la Nación aprobó este jueves una serie de modificaciones a la Ley de Glaciares, en su penúltima sesión extraordinaria del período, y ahora la iniciativa queda en manos de la Cámara de Diputados. La votación en general y en particular cerró con 41 adhesiones, 31 rechazos y una abstención, correspondiente a la senadora neuquina Julieta Corroza.
La norma dividió a varias bancadas, aunque el bloque La Libertad Avanza, liderado por Patricia Bullrich, respaldó el proyecto de manera unificada. Legisladores del interbloque kirchnerista, como Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), acompañaron la iniciativa, así como exmiembros escindidos del kirchnerismo: Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).
Uno de los artículos más debatidos fue el séptimo, que establece que cada provincia determinará la autoridad de aplicación, excepto en áreas protegidas por la Ley 22.351 de Parques Nacionales. Esta autoridad provincial tendrá la responsabilidad de identificar glaciares y ambientes periglaciales en su territorio que cumplan funciones hídricas estratégicas, como reservas de agua o recarga de cuencas hidrográficas.
Los defensores del proyecto argumentan que los recursos hídricos son propiedad de cada distrito y que la norma busca armonizar la legislación vigente con los objetivos de desarrollo económico y federalismo, sin comprometer la protección ambiental. Señalan que las inversiones previstas en el sector requieren procesos de evaluación técnica que demandan tiempo.
En contraste, la oposición ambiental alertó sobre el riesgo de que los gobernadores puedan priorizar intereses empresariales por sobre los criterios científicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). También se mencionó que la normativa podría entrar en conflicto con pautas del convenio Mercosur-Unión Europea, aprobado recientemente por la Cámara alta.
Durante el debate, la senadora dialoguista Edith Terenzi (Chubut) abrió la discusión enfocándose en el trámite del proyecto. Posteriormente, Agustín Coto (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego) defendió que la ley no busca eliminar glaciares del inventario, sino actualizarlo con criterios técnicos, manteniendo la protección de las reservas hídricas.
Por su parte, el peronista Pablo Bensusán cuestionó la iniciativa, advirtiendo que la fragmentación de criterios provinciales podría debilitar la protección integral de los glaciares y generar incertidumbre jurídica, afectando inversiones. Maximiliano Abad (UCR, Buenos Aires) coincidió en señalar que el proyecto altera la jerarquía normativa al trasladar competencias nacionales a provincias, y que podría ser objeto de recursos de inconstitucionalidad.
La senadora Flavia Royón, experta en el área, subrayó que la norma busca proteger lo que realmente necesita protección mediante estudios de campo locales, sin flexibilizar la regulación ambiental, y destacó que la mayor parte del agua se destina a la agricultura y no a la minería.
El kirchnerismo cerró el debate con Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), quien advirtió que autorizar la explotación de un glaciar podría implicar su desaparición irreversible y generaría incertidumbre al pasar de un paradigma científico a uno abierto sujeto a interpretaciones judiciales.
Finalmente, Patricia Bullrich destacó la visión de su bloque: “No es agua o trabajo. Estamos cambiando la historia para que Argentina no siga atrapada en la lógica de elegir entre economía y ambiente”.
El proyecto ahora espera su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde se definirá si las modificaciones sancionadas por el Senado se convierten en ley.