Río de Janeiro vivió este martes una de las jornadas más violentas de los últimos años. Una operación policial de gran escala contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, dejó al menos 64 personas muertas, entre ellas cuatro agentes, y más de 80 detenidos, según el balance oficial difundido al cierre del día.
El operativo, en el que participaron 2.500 efectivos, incluyó helicópteros, vehículos blindados, drones de reconocimiento y ataque, y el despliegue simultáneo en los complejos de Alemão y Penha, al norte de la ciudad. El objetivo principal era capturar a Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, señalado por la Fiscalía como jefe regional del Comando Vermelho en la zona.
Una operación sin precedentes
La incursión comenzó antes del amanecer, con bloqueos vehiculares en las autopistas circundantes y el cierre de avenidas estratégicas. Desde la noche anterior, helicópteros sobrevolaban las favelas mientras los blindados irrumpían entre barricadas y neumáticos incendiados.
Durante la ofensiva, las autoridades incautaron 42 fusiles de alto calibre y detuvieron a 81 personas. Según la Policía Militar, fue “la acción más letal contra grupos criminales en la historia reciente de Río”.
El gobernador Cláudio Castro defendió el operativo, calificándolo como “una guerra contra el crimen organizado” y afirmando que el Estado “lucha solo” ante la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. Castro aseguró que el Comando Vermelho “opera con armamento de guerra provisto por redes internacionales” y que su desmantelamiento “es una cuestión de seguridad nacional”.
El perfil de “Doca”
Nacido en el estado de Paraíba en 1970, Doca acumula más de un centenar de causas judiciales por homicidio, tráfico de drogas, tortura y asociación criminal. Está considerado uno de los criminales más peligrosos de Río y se le atribuye la expansión violenta del Comando Vermelho hacia otras favelas y estados del país.
Las autoridades ofrecen una recompensa de 100.000 reales (unos 17.500 dólares) por información que conduzca a su captura.
Según el analista Chris Dalby, director del observatorio World of Crime, “‘Doca’ representa una amenaza real para el Estado brasileño. Ha liderado ataques contra comisarías, controla territorios enteros y mantiene una estructura casi paramilitar”. Dalby añadió que tres de las cuatro operaciones más letales de la última década han ocurrido durante el gobierno de Castro.
El Comando Vermelho y el control territorial
Fundado en 1979 dentro de una prisión de Río, el Comando Vermelho evolucionó hasta convertirse en una red criminal de alcance nacional. Su poder se basa en una estructura descentralizada: líderes encarcelados, lugartenientes en las favelas y una red de lavado de dinero que sostiene sus actividades.
Más allá del narcotráfico, el grupo ejerce control territorial y social sobre comunidades donde el Estado históricamente ha estado ausente.
El complejo de Penha y Alemão es considerado un punto estratégico por su conexión con las principales vías de acceso a la ciudad y su papel en el flujo de drogas y armas. La Fiscalía lo describe como “un corredor logístico vital para el crimen organizado”.
Favelas bajo fuego
Durante la operación, la zona norte de Río se transformó en un escenario de guerra: granadas lanzadas desde drones insurgentes, ráfagas de disparos y vehículos incendiados paralizaron la vida cotidiana.
Más de 200.000 personas resultaron afectadas por la suspensión del transporte público, el cierre de comercios y la interrupción de servicios básicos. Las clases fueron canceladas en 45 escuelas y 12 líneas de autobuses modificaron su recorrido.
Fotografías y videos difundidos en redes mostraron vehículos calcinados, casas perforadas por balas y vecinos refugiados en sus viviendas. Organizaciones sociales denunciaron el uso excesivo de la fuerza y pidieron investigaciones independientes sobre las muertes.
Debate sobre los límites del poder policial
La ofensiva reavivó el debate sobre la letalidad policial en Río de Janeiro, una de las más altas del mundo.
Human Rights Watch (HRW) advirtió recientemente que un proyecto de ley aprobado en el estado podría incentivar a los agentes a disparar contra sospechosos, al establecer recompensas económicas por resultados en enfrentamientos.
“Este tipo de medidas crea incentivos financieros para matar en lugar de arrestar”, señaló la organización.
Informes previos de HRW y de la Defensoría Pública de Río sostienen que numerosas muertes en operaciones de este tipo no se producen en combate, sino en ejecuciones extrajudiciales, con escenas alteradas para encubrir responsabilidades.
Un patrón de violencia estructural
La masacre de este martes se suma a una serie de operativos de alta letalidad. En mayo de 2022, una redada en Vila Cruzeiro, parte del mismo conjunto de favelas, dejó 23 muertos y denuncias de civiles atrapados en el fuego cruzado.
Según datos oficiales, en 2024 murieron alrededor de 700 personas en intervenciones policiales en el estado de Río de Janeiro, casi dos por día. La cifra de este martes eleva drásticamente esa estadística.
El desafío ahora, coinciden los expertos, será cómo el Estado reconstruye el control y la confianza en estas comunidades. “Sin presencia social, educación ni justicia, cada victoria táctica es apenas temporal”, concluyó Dalby. “Y el ciclo de violencia se repite”. Infobae