En el marco de la causa por la presunta extorsión perpetrada por dirigentes sociales hacia los sectores más vulnerables de Argentina, se han desvelado detalles preocupantes.
Según datos obtenidos a través de indagatorias, allanamientos y pedidos de detención realizados por el fiscal federal Gerardo Pollicita al juez Sebastián Casanello, se ha revelado que la mayoría de los piqueteros imputados pertenecientes al Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) reciben un plan social otorgado por el Estado Nacional.
Diecinueve de los veintiocho acusados han sido identificados como beneficiarios de planes sociales, lo que plantea serias interrogantes sobre la ética y la integridad de quienes deberían estar representando y ayudando a los sectores más necesitados. Ante esta situación, la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha anunciado que se procederá a dar de baja estos beneficios de manera inmediata.
Entre los involucrados destacados en la investigación se encuentra Jeremías Cantero, un destacado miembro del Polo Obrero que, paradójicamente, también ocupaba un cargo como funcionario del Estado y percibía un salario mensual considerable, superando los 800 mil pesos. Esta revelación arroja luz sobre la complejidad de la trama de corrupción y explotación que se ha destapado.
Cantero, quien ocupó un lugar destacado en la lista de diputados nacionales del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, es solo uno de los muchos implicados en esta trama de extorsión y abuso de poder. Según documentos obtenidos por Infobae, Cantero estuvo vinculado al Ministerio de Desarrollo Social y continuó cobrando del Estado hasta poco antes de que el gobierno de Alberto Fernández concluyera su mandato.
Las investigaciones revelan un patrón de comportamiento en el que los imputados, bajo la fachada de representantes de organizaciones sociales, habrían coaccionado a los beneficiarios de planes sociales para participar en manifestaciones públicas o entregar una porción de su dinero percibido bajo amenazas de dar de baja sus beneficios. Esta conducta es una afrenta a los principios básicos de solidaridad y justicia social.
La situación cobra aún más gravedad al conocer que algunos de los imputados recibían montos superiores al salario mínimo vital y móvil, lo que sugiere un aprovechamiento desmedido de los recursos destinados a ayudar a quienes más lo necesitan.
Esta revelación, aunque impactante, es solo el comienzo de lo que parece ser una red de corrupción extendida. La ministra Pettovello ha afirmado que esta investigación es solo la punta del iceberg y que se están tomando medidas firmes para combatir la corrupción y garantizar que los recursos destinados a los más vulnerables lleguen a quienes realmente los necesitan.
La justicia continúa su labor investigativa, y se espera que este caso arroje luz sobre prácticas indebidas y promueva cambios significativos en el sistema de asistencia social para prevenir futuros abusos de poder y garantizar una distribución equitativa de los recursos del Estado. Infobae