Beneficiarios de planes sociales denuncian cuotas coercitivas, multas y abusos por parte de dirigentes de movimientos sociales.
Tras acceder a documentos presentados por el Gobierno ante la Justicia, TN revela una serie de denuncias que exponen irregularidades en el programa Potenciar Trabajo. Los beneficiarios, en su mayoría, relatan situaciones de extorsión y abuso por parte de dirigentes sociales, quienes los obligan a cumplir con exigencias bajo amenazas y coerción.
Una de las prácticas más comunes señaladas por los denunciantes es la imposición de cuotas económicas, llegando a montos tan altos como $7000, con amenazas de multas adicionales en caso de incumplimiento. Además, se reporta que el no participar en marchas convocadas por los movimientos sociales conlleva sanciones económicas y hasta la baja del programa.
Entre los testimonios recogidos, se destacan amenazas explícitas por parte de los dirigentes, como la frase “Cuando se queden sin los planes, a llorar al campito”, utilizada para presionar a los beneficiarios. También se revela la existencia de una “lista semáforo”, donde se clasifica a los beneficiarios según su cumplimiento con los pagos, exponiendo públicamente a aquellos en situación de deuda.
Además de las coacciones financieras, se denuncian abusos de poder como la obligación de realizar tareas domésticas en propiedades de los dirigentes, la venta de mercadería estatal en beneficio propio y la construcción ilegal de propiedades con materiales destinados para programas sociales.
Las denuncias también revelan la presión política ejercida sobre los beneficiarios, como la exigencia de participar en campañas electorales o de apoyar a determinados candidatos, bajo la amenaza de perder el beneficio del programa.
Ante estos testimonios, surge la necesidad de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes para garantizar la integridad y el cumplimiento adecuado de los programas sociales destinados a la población más vulnerable.