La discusión por la reforma del Código Penal atraviesa un momento de definiciones dentro del Gobierno nacional, aunque todavía sin una estrategia clara ni consensos internos consolidados. En la Casa Rosada persisten diferencias sobre el alcance de la iniciativa y el modo en que será enviada al Congreso, en un escenario atravesado tanto por cuestiones técnicas como por tensiones políticas.
La iniciativa forma parte de la agenda oficial desde antes de la llegada de Juan Bautista Mahíques al Ministerio de Justicia. Sin embargo, las divergencias se profundizaron en las últimas semanas y dejaron al descubierto distintas interpretaciones sobre la directiva inicial del presidente Javier Milei.
De acuerdo con fuentes oficiales, durante el verano el mandatario planteó la necesidad de impulsar una reforma amplia del Código Penal vigente, pero sin avanzar en la redacción de un texto completamente nuevo. La decisión respondió, en gran medida, a motivos políticos: la elaboración de un nuevo código implicaría reabrir debates sensibles —como el aborto— que el oficialismo busca evitar en esta etapa.
En ese contexto, dentro del Ejecutivo sostienen que la idea de un “nuevo código” tuvo más peso en el plano discursivo que en el jurídico, y que el objetivo central es introducir modificaciones profundas sin reemplazar íntegramente la normativa actual. No obstante, tras la salida de Mariano Cúneo Libarona del Gabinete, las diferencias sobre cómo instrumentar esa reforma se hicieron más visibles.
Sectores cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo cuestionan el rumbo adoptado por Mahíques y lo acusan de haber interpretado la instrucción presidencial en función de su propio esquema: avanzar primero con un proyecto acotado y postergar una reforma integral para una etapa posterior.
Desde el Ministerio de Justicia rechazan esa lectura y aseguran que ese fue, precisamente, el criterio acordado con el Presidente. En esa línea, explican que el texto reducido ya se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica a la espera de la firma presidencial para ser remitido al Congreso, mientras que el resto de la reforma continúa en elaboración dentro de la cartera.
La controversia se intensificó tras la circulación de versiones que indicaban que el Gobierno podría avanzar con el envío de una reforma completa. Sin embargo, desde Justicia desmintieron esa posibilidad y ratificaron que, por el momento, no está previsto remitir un nuevo Código Penal en su totalidad.
La disputa, de todos modos, trasciende el plano técnico. El debate quedó atravesado por la interna política entre los sectores cercanos a Karina Milei y al propio Caputo por el control del área de Justicia. En ese marco, en Balcarce 50 reconocen que aún no existe una hoja de ruta definida ni un acuerdo político sólido que garantice el tratamiento parlamentario del proyecto.
Por ahora, la alternativa que gana terreno es el envío de una reforma parcial al Senado en el mediano plazo. Esta versión incluiría modificaciones consideradas más viables desde el punto de vista político y legislativo, como el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas tipificaciones vinculadas a delitos migratorios, estafas piramidales, “viudas negras”, salideras, entraderas, motochorros, grooming, abuso sexual infantil, el uso de armas en cárceles y picadas ilegales.
En paralelo, la discusión sobre una reforma integral del Código Penal continúa abierta y sin definiciones concretas. Aunque el Gobierno insiste en que el proyecto no fue descartado, lo cierto es que su avance permanece condicionado por una interna que, por ahora, mantiene en suspenso una de las reformas estructurales más relevantes de la agenda oficial.