El Gobierno argentino ha decidido reducir los aranceles para la importación de neumáticos como parte de su estrategia para combatir la inflación y fomentar la competencia en el mercado. Esta medida, comunicada por la Secretaría de Comercio a las productoras locales, ha generado malestar en el sector, que advierte sobre posibles consecuencias negativas para el empleo.
La baja de aranceles es una de las iniciativas que el Gobierno tiene en estudio para reducir costos. Desde mayo, se han implementado reducciones en varios productos, incluyendo heladeras y lavarropas, y ahora se extiende a los neumáticos para autos y camionetas, que anteriormente no estaban incluidos. Actualmente, el costo de cambiar cuatro cubiertas oscila entre $800.000 y más de $200.000 por unidad, dependiendo de la marca y el modelo, lo que motiva al Gobierno a buscar opciones para ampliar la oferta y disminuir los precios.
La decisión implica eliminar el sobrearancel del 19% que se suma al Arancel Externo Común (AEC) del 16%, lo que resulta en una tasa total de 35% que las empresas locales deben enfrentar al competir con productos importados. Con la nueva resolución, se iniciará un proceso gradual de reducción, comenzando con una baja de 5 puntos en el arancel, seguido de recortes trimestrales durante un año para alcanzar la eliminación total de los 15 puntos restantes.
El gradualismo en la aplicación de estas medidas tiene como objetivo mitigar el impacto inmediato en las empresas locales, permitiendo que se adapten a la nueva realidad del mercado. Sin embargo, la reacción del sector ha sido de preocupación, con varias empresas advirtiendo que el aumento en las importaciones podría afectar la competitividad y, por ende, los puestos de trabajo.
Las empresas han expresado su inquietud sobre cómo esta política contrasta con las tendencias globales, ya que países como Brasil, Estados Unidos y en Europa están incrementando sus aranceles para proteger sus industrias locales. En el último año, las tres principales productoras de neumáticos en Argentina han tenido que despedir a más de 1.000 empleados, reflejando el impacto de la baja en las exportaciones y el contexto de crisis económica.
El panorama se complica aún más por los altos costos de producción y conflictos gremiales que han afectado la capacidad de estas empresas para cumplir con compromisos internacionales. Las productoras locales temen que la medida del Gobierno, aunque intente estabilizar precios, podría llevar a una mayor vulnerabilidad en un sector ya debilitado. Infobae