Tras el anuncio de una recomposición salarial por parte del gobernador Maximiliano Pullaro, efectivos de la Policía de Santa Fe levantaron la protesta que mantenían frente a la Jefatura de Rosario y retomaron sus tareas. La medida de fuerza, iniciada el lunes por la noche, respondía principalmente a reclamos por el salario.
Durante una conferencia de prensa, Pullaro confirmó que, a partir de febrero, ningún policía ni integrante del Servicio Penitenciario provincial percibirá menos de $1.350.000, gracias a la incorporación de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP). El anuncio oficial fue suficiente para que los agentes concentrados en Ovidio Lagos al 5200 decidieran desactivar la manifestación.
El nuevo esquema salarial prevé además adicionales según la función y el lugar de trabajo. Los efectivos que cumplan tareas operativas en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez y Santo Tomé percibirán hasta $1.938.835. Quienes manejen móviles policiales cobrarán $2.188.835, mientras que los integrantes de cuerpos especiales podrán llegar a $2.334.535 mensuales.
El paquete de medidas incluye también el aumento de la tarjeta alimentaria de $84.000 a $168.000, cobertura de alojamiento para personal trasladado y la ampliación del gabinete psicológico, que actualmente asiste a 570 agentes. Todas las disposiciones se formalizarán mediante decreto.
Además del reclamo salarial, los efectivos habían planteado demandas sobre condiciones laborales, como extensas jornadas de trabajo, falta de descanso y la necesidad de realizar servicios adicionales para completar ingresos. La problemática de la salud mental también cobró visibilidad tras el fallecimiento del suboficial Oscar “Chimi” Valdez, quien atravesaba un cuadro psicológico y contaba con carpeta médica.
Pullaro remarcó que las medidas alcanzan a todos los escalafones, incluidos técnicos, administrativos y operadores del 911, y pidió evitar la difusión de información falsa. Con el levantamiento de la protesta, el Gobierno provincial busca garantizar la normal prestación del servicio de seguridad en toda la provincia, aunque persisten reclamos estructurales dentro de la fuerza.